Entendemos que esta ley constituye una herramienta fundamental para la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales, en un contexto donde estas instituciones se encuentran en una situación de emergencia presupuestaria, tal como lo reconocen todos los sectores vinculados al ámbito académico. La actualización del presupuesto universitario en función de la inflación acumulada, y su distribución basada en criterios de equidad, permitirá garantizar no solo el funcionamiento básico de las universidades, sino también el derecho a una educación superior de calidad para miles de estudiantes en todo el país.
Además, es importante señalar que la Ley de Financiamiento Universitario no genera un impacto fiscal adicional, ya que simplemente ajusta los recursos asignados a las universidades en base a los índices inflacionarios acumulados, permitiendo así que las partidas ya previstas se mantengan acordes a las necesidades económicas actuales. Esto asegura que el sistema educativo no sufra una erosión presupuestaria a causa de la inflación, sin representar un aumento desmedido del gasto público.
Las Defensorías del Pueblo no podemos dejar de señalar que la falta de financiamiento adecuado afecta directamente los derechos fundamentales de los estudiantes y trabajadores universitarios. Este veto, de concretarse, comprometería los compromisos salariales y el correcto funcionamiento de estas instituciones que son esenciales para el desarrollo social y económico de la Nación.
Nos preocupa profundamente el impacto que esta decisión podría tener en la calidad educativa y en las actividades de investigación, extensión y transferencia de conocimiento que las universidades realizan, fundamentales para el progreso científico y tecnológico de Argentina.
Por todo lo expuesto, desde ADPRA solicitamos respetuosamente que se reconsidere la posibilidad de vetar esta ley y se avance en la implementación de un sistema de financiamiento que asegure la estabilidad de las universidades nacionales, el respeto a los derechos de los estudiantes y docentes, y el fortalecimiento del sistema educativo público, sin que ello implique un desajuste en las cuentas públicas.