El monitoreo de programas, servicios y establecimientos es una de las competencias principales de la Defensoría así como la defensa frente a cualquier situación de vulneración de derechos. Por mandato constitucional, niños, niñas y adolescentes tienen prioridad en la definición de políticas públicas y asignación de recursos.
La situación social, educativa y sanitaria de los y las jóvenes que ingresan al sistema penal, su inserción y atención posterior en el sistema de protección integral son algunos de los ejes en la tarea emprendida por parte de nuestro organismo.
