La Defensoría sostiene que en la cadena de elaboración y producción de textiles, calzados y accesorios participan varios actores, los cuales al abaratar sus costos y, por ende aumentar sus márgenes de ganancias, contratan talleres textiles que trabajan en condiciones irregulares, adicionando el actuar desleal con sus competidores, convirtiéndose en cómplices de los abusos, de la vulneración de derechos y de la comisión de delitos.
Resulta imprescindible que existan rigurosas políticas de Estado tendientes a la regularización de todos los agentes económicos, para reducir las desigualdades y optimizar las herramientas de control y así desalentar toda práctica ilegal tendiente a vulnerar los derechos de los trabajadores.
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