El evento tuvo como objetivo difundir las medidas adoptadas por cada uno de los organismos integrantes para garantizar la prestación de los servicios y el acceso a la justicia durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Poniendo especial énfasis en la interacción que se dio entre las instituciones, se plantearon los desafíos a futuro y el uso de herramientas digitales como forma de acortar los plazos y garantizar canales efectivos de comunicación entre los asistidos y los organismos. Asimismo, se señaló que la falta de recursos tecnológicos y de conectividad en las poblaciones más vulneradas pueden significar una barrera que debe ser removida para efectivizar su acceso a la justicia.
El martes 4 se desarrolló el panel “Los organismos judiciales y la garantía del acceso a la justicia”, en el que expusieron Santiago Mauri (coordinador del programa ATAJO del Ministerio Público Fiscal de la Nación), Javier Lancestremere (secretario de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación), Roberto Requejo (secretario judicial a cargo de la Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de CABA), Fernanda Petrone (secretaria de la Dirección de Orientación al Habitante, Secretaría General de Acceso a la Justicia, Ministerio Público de la Defensa de CABA) y Ana Cueva Rey (secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de CABA). Los moderadores de la mesa fueron Madoda Ntaka (asesor legal de la Procuración General de CABA) y Alessandra Cutuli (titular de la Coordinación de Litigio en DESC y Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables de la Defensoría del Pueblo de CABA).
El miércoles 5, por su parte, se llevó adelante el panel “Los servicios de consultorio y patrocinio jurídico como garantía del acceso a la justicia”, moderado por Mirta Arévalo (supervisora de las Oficinas de Atención Descentralizadas del Ministerio Público Tutelar de CABA) y Rodolfo Martínez (prosecretario letrado de la Defensoría General de la Nación), y en el que tomaron la palabra Leandro Rodríguez Pons (jefe de gabinete de la Dirección de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), María Cristina Salgado (directora del Servicio Jurídico de la Procuración General de CABA), Alessandra Cutuli, Cristina Ciancio (coordinadora de Patrocinio Jurídico Integral de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA) y Virginia Badino (directora del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires).
La Red de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos está conformada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio Público Fiscal (CABA), el Ministerio Público de la Defensa (CABA), la Procuración General (CABA), el Ministerio Público Tutelar (CABA), la Defensoría del Pueblo (CABA), la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También participan del espacio organizaciones no gubernamentales. Su objetivo primordial es revertir las profundas desigualdades estructurales existentes, entendiendo el acceso a justicia como un derecho humano fundamental y como una garantía que permite el respeto, ejercicio y el restablecimiento de otros derechos.
