Bandera Argentina
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Solidaridad y apoyo de la Defensoría al Club Atlético Vélez Sársfield

El Ministerio de Seguridad porteño difundió un spot publicitario en el cual se plantea una situación hipotética de delincuencia abordada con las armas electrónicas no letales, donde quien representa al delincuente viste una remera tipo chomba con el logo oficial del “Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, instituto de educación privada, propiedad de ese club, haciendo uso indebido de la marca y vinculándola a comportamientos delictivos.

El pasado 7 de mayo el Ministerio de Seguridad publicó en el Boletín Oficial la resolución 395/2019, en la que aprobó el “Reglamento General para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

En ese marco, el citado ministerio ha difundido un spot publicitario en el cual se plantea una situación hipotética de delincuencia abordada con las armas electrónicas no letales, donde quien representa al delincuente viste una remera tipo chomba con el logo oficial del “Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, instituto de educación privada, propiedad del Club Atlético Vélez Sarsfield, haciendo uso indebido de la marca y vinculándola a comportamientos delictivos.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresamos nuestra preocupación por el indebido uso de la marca, la cual fuera legítimamente registrada con derecho a su uso exclusivo por parte de sus titulares y por el  daño y perjuicio que representa para la institución educativa, para la institución deportiva que la nuclea y para la comunidad educativa  y social que las componen, la vinculación de su marca, nombre institucional y logo a conductas delictivas y violentas en contraposición a los valores que desde ellas se promueven.

En tal sentido, este organismo, está solicitando por medio de las vías administrativas de competencia, que dicho spot publicitario sea retirado de los portales y buscadores de internet, así como las aclaraciones y acciones pertinentes, en un hecho ofensivo y provocativo que vulnera los derechos, garantías e intereses individuales y colectivos, tutelados por la legislación vigente.