Durante la presentación, Livia Ritondo (conductora ejecutiva de Derechos Sociales), reivindicó el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, aseguró que “el proceso de relocalización implica el paso de una situación informal a una formal para muchas familias”, y señaló que “una vivienda digna y adecuada es el espacio de desarrollo familiar y el lugar desde donde se tejen lazos sociales”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor se refirió al rol del Estado y la importancia de la complementariedad de las instituciones “para encontrar entre todos la respuesta que el vecino está necesitando”. Asimismo, indicó que “el programa de integración social urbana es una acción del Estado sobre sectores vulnerables y vulnerados. Se trata una intervención muy importante que merece reconocimiento”.
En la misma línea, Juan Maquieyra (titular del IVC) sostuvo que desde el organismo que conduce se está trabajando en mostrar y evaluar los datos recabados referidos a los procesos de integración, y en los desafíos en términos de la sustentabilidad económica de las familias, que deben afrontar nuevos costos.
La encuesta se realizó sobre los complejos habitacionales San Antonio (Barracas) y Santiago de Compostela (Parque Avellaneda), lugares en los que fueron relocalizados 118 grupos familiares de la Villa 26 en el marco de la causa Mendoza, con el objetivo de caracterizar la estructura de los gastos familiares y recabar información sobre la situación actual de las familias.
El relevamiento arrojó, entre otros datos, que:
-La sobreocupación de los/las jefes/as de hogar es del 40% en San Antonio y del 56% en Santiago de Compostela, con más de 45 horas de trabajo semanales.
-Más del 80% de la las familias de ambos complejos perciben ingresos menores a dos salarios mínimos vitales y móviles.
-Las familias dedican un 38% de sus ingresos a la compra de alimentos y bebidas, y un 9.7% a gastos de transporte.
-Por otra parte, si bien el 61% de las familias cuentan con el beneficio de la tarifa social, destinan un 8.5% de sus ingresos al pago de servicios públicos esenciales. En este sentido, un 32% de los encuestados refirieren tener problemas con el pago de estos servicios.
-En total, un 93% de los encuestados valoran de forma positiva las condiciones de las viviendas en comparación a la situación previa a la relocalización. Sin embargo, entre las familias de Santiago de Compostela casi la mitad reconoce que se distanció de sus lugares de trabajo, escuelas y centros de salud.
[block id=»economias-familiares»]
