El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, repudió hoy el «inadmisible fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad» que rechaza garantizar una vacante escolar a un niño de 2 años.
A continuación, el comunicado entero de Alejandro Amor:
«En mi carácter de Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifiesto mi profundo repudio al fallo dictado por el Tribunal de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 16 de diciembre del 2020 mediante el cual se rechazó el acceso a una vacante escolar solicitada por la madre de un niño de 2 años.
La decisión tomada por el máximo tribunal de la Ciudad representa un inadmisible retroceso en el campo de la educación pública y gratuita, incompatible con el alto estándar en materia de derechos humanos consagrado en nuestro sistema jurídico.
Corresponde reafirmar que el Estado porteño tiene el deber y la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal y gratuita en todos los niveles y modalidades, conforme reza con suficiente claridad el art. 24 de la Norma Fundamental local.
La errada postura adoptada por los jueces que votaron el tan restrictivo fallo, podría implicar dejar por fuera del sistema educativo a miles de niñas y niños. Además resulta a todas luces improcedente el razonamiento por el cual para exigir una vacante en nuestro sistema de educación pública, las familias tengan que demostrar que no pueden acceder al subsistema de educación privada.
Es en tal sentido que corresponde resaltar que el derecho a la educación no admite ningún tipo de limitación ni barrera jurídica, tal como la errada resolución del Tribunal sugiere, debiendo arbitrarse todas las medidas necesarias que eviten cualquier tipo de desfinanciación de la educación pública, garantizando su acceso público, gratuito y de calidad en todos los niveles y modalidades.
En esa línea, la falta de vacantes escolares representa una de las problemáticas más sensibles de la Ciudad -que se reitera cada año- y que fuera denunciada sistemáticamente en sucesivas oportunidades por esta Defensoría del Pueblo.
En mi carácter de Defensor del Pueblo reivindico una vez más, en consonancia con la Ley de Educación Nacional nº 26.206 y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concepción de la educación como un bien social y un derecho humano, al tiempo que ratifico mi inclaudicable compromiso con la escuela pública, laica, gratuita y de calidad para todas y todos. Reitero: la escuela pública es para todas y todos quienes quieran concurrir y el Estado debe garantizar las vacantes.
En efecto, el fallo del TSJ representa una regresión en materia de protección de derechos que nuestra sociedad no puede permitir. El avance de tales interpretaciones restrictivas tienen un alto impacto social negativo y afecta directamente a miles de familias que sueñan con que sus hijas e hijos puedan acceder sin obstáculos al derecho a la educación; contemplado en las máximas normas de nuestro ordenamiento jurídico y consagrado además por los fundadores de nuestra Patria.
Por tales motivos me presentaré bajo la figura del amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación inmediatamente después del primer acto procesal correspondiente.
Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires»
