La presentación del informe se llevó a cabo en un panel que se realizó el 31 de octubre de 2016 -luego de la presentación del Consejo-. En él participaron -además de Silvina Pennella, titular del Consejo de Derechos Humanos- Sergio Torres, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la Capital Federal, Fernanda Levenzon, investigadora del Consejo; Esteban Mur, papá de dos niños fallecidos en el incendio del taller ubicado en la calle Páez y Lucio López, secretario de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
En su introducción, Silvina Penella precisó que la esclavitud persiste en la actualidad a través de estas formas modernas y que, según establece la propia Organización Internacional del Trabajo, la trata de personas con fines de explotación laboral afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Detalló, además, que estas prácticas delictivas no sólo vulneran derechos sino que generan inmensas ganancias ilegales que llegan al orden de los 150 mil millones de dólares al año y que constituyen delitos complejos, que aquejan principalmente a personas que integran colectivos especialmente vulnerables y que se caracterizan básicamente por el sometimiento o por la sujeción de una persona a otra con la finalidad de explotarla.
Fernanda Levenzon añadió que el enfoque de la investigación no se trató sólo del simple diagnóstico, porque la intención de informe es poder ir más allá, efectuar propuestas concretas de ejecución, realizar recomendaciones para el perfeccionamiento del accionar de los organismos intervinientes y ser una herramienta para los operadores jurídicos.
El padre de Ronaldo y Rodrigo, los dos niños fallecidos durante un incendio en un taller clandestino de la calle Páez en el barrio de Flores, opinó que en las villas de emergencia es donde más se necesita a la Defensoría del Pueblo, “porque es donde se encuentra la gente que trabaja y no tiene un salario fijo. Se trabaja por migajas que no alcanzan ni para pagar un alquiler y menos para los impuestos”. Mur puntualizó que los dueños de los talleres se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad y que cuando se los pretende denunciar se declaran en banca rota para no pagar. “Siempre te utilizan y nunca se puede conseguir un trabajo en blanco”, concluyó. El secretario de Protex subrayó que la línea 145 permitió, a raíz de la denuncia anónima, “poder acercarnos al taller clandestino y hacer la investigación de manera más exhaustiva”. Para López, es importante destacar que la modalidad de trata de personas -que está homologado dentro del crimen organizado- es el tercer negocio ilícito más importante detrás del tráfico de estupefacientes y el contrabando de armas. “La explotación es básicamente la esclavitud, un modo de esclavitud para la sociedad actual”, definió.
Por último, el juez Torres determinó que el primer informe del Consejo “es un gran aporte para la construcción de los derechos humanos frente a esta tragedia humana que es la explotación de personas con fin laboral”. Asimismo, recalcó que hay que tener en cuenta que se trata de un negocio enorme y que este concepto es el punto de partida para entender cómo se puede y debe pensar el abordaje de esta problemática. Y para finalizar, Torres hizo hincapié en el nuevo rol del juez y del sistema penal respecto de la manera de intervención no sólo durante el proceso sino también después de la sentencia.
El informe sobre el trabajo forzoso y la trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación laboral se hacen presentes en el modo de producción de la industria de la confección de indumentaria a través de una compleja dinámica que se organiza en torno a los llamados talleres textiles clandestinos.
Vale recordar que estos crímenes están íntimamente asociados a las profundas reestructuraciones que se verificaron –a nivel global- en la cadena de valor de la industria que se pueden resumir en: i) La desverticalización de la cadena de valor, ii) La posibilidad de concentrar actividades en segmentos o fases diferenciados, iii) la posibilidad Intercalar en la cadena de valor eslabones legales con otros informales y aún, ilegales.
Esta nueva dinámica productiva les permite a las empresas y grandes marcas concentrar sus esfuerzos en aquellas actividades que consideran estratégicas –diseño, imagen, comercialización, tecnología- y tercerizar en subcontratistas o proveedores “externos” a las empresas las actividades menos rentables o trabajo intensivas.
De este modo, lo que las empresas y grandes marcas logran es desentenderse completamente de las condiciones reales de producción en las que se elaboran sus productos, además de: i) reducir costos, ii) reducir riesgos laborales y iii) obtener tasas de ganancias cada vez más elevadas.
La contracara de este proceso son los miles de trabajadores –mayoritariamente migrantes o integrantes de otros colectivos especialmente vulnerables- que son sometidos a condiciones de explotación análogas a la esclavitud para sostener estas ingentes ganancias.
Si bien la Ciudad no dispone de números o estadísticas oficiales –lo que resulta de hecho una de las debilidades que presenta la política pública en la materia- diversas fuentes privadas dan cuenta de que sólo en la jurisdicción el número de talleres clandestinos supera los 3000. Este entramado delictivo fue puesto en evidencia con el incendio -en el año 2006- del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, en Caballito, en el que trabajaban y vivían alrededor de 64 personas, de las cuales 38 eran niños que solían permanecer encerrados para no entorpecer la producción. Las condiciones de hacinamiento, precariedad y ausencia total de condiciones de seguridad que presentaba el taller fueron sin duda algunas de las causas que explican el siniestro que se cobró la vida de una joven mujer embarazada, un adolescente y 4 niños. En el 2015, se produjo otro siniestro gravísimo, en un taller textil que funcionaba en un inmueble de la calle Páez, en el barrio de Flores y en el que fallecieron dos niños –Rolando y Rodrigo, de 7 y 10 años de edad.
En el informe en cuestión, se describieron y analizaron de modo exhaustivo los niveles de intervención y la eficacia de respuesta que brindan los distintos poderes y organismos del estado en orden a la detección, investigación y penalización de estas prácticas así como a la protección de las víctimas. Como conclusiones, se formularon recomendaciones para el perfeccionamiento del accionar de los diversas áreas de gobierno intervinientes, desde una perspectiva del problema en su integralidad, de forma a contribuir en la construcción de una respuesta efectiva que conlleve la supresión de esa cruel y diseminada violación a la dignidad y libertad de los trabajadores.
