El diputado Hernán Rossi (ECO) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre los programas referidos a los subsidios habitacionales que el Gobierno de la Ciudad otorga (Exp 395-d-2017), en el que se busca conocer la cantidad de familias estimadas para 2017 en cada uno de los programas, cuántas familias fueron subsidiadas durante 2016, si los pagos fueron efectivos y cuál es el monto promedio que reciben las familias según el plan. Al mismo tiempo, el pedido de informes indaga sobre cuántas familias solicitaron ese subsidio.
Relacionado con este asunto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, por medio de la Resolución 1265-2016, había recomendado al Departamento Ejecutivo que disponga los medios conducentes a fin de garantizar la implementación efectiva de la actualización del monto otorgado por el subsidio habitacional normado por el Decreto 690/GCABA/06 y sus modificatorios evitando la ejecución de toda política de carácter regresivo; instaurar un sistema de actualización permanente y automática de ese monto, acorde a la evolución de los precios de los alquileres en la Ciudad; y brindar a aquellos grupos familiares que por su composición precisan de una vivienda con más de una habitación, una respuesta diferenciada que se adecue a sus necesidades a fin de evitar que se produzcan situaciones de hacinamiento.
La Defensoría entiende que el problema de la vivienda ocupa un rol central en la vida de la gran mayoría de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que se expresa en la multiplicidad de hábitats informales y/o precarios existentes y en las dificultades que atraviesan los sectores de escasos y medianos recursos para acceder a condiciones dignas de habitabilidad.
En este sentido, nuestra Institución ha producido en junio de 2015 un extenso y exhaustivo informe sobre la situación habitacional en la CABA, en el que aborda- entre otras temáticas- los tipos de vivienda, la problemática de los inquilinos, la especificidad de las villas de emergencia, los asentamientos informales y los núcleos habitacionales transitorios, el déficit cualitativo, el hacinamiento y la falta de acceso a los servicios públicos esenciales y las viviendas ociosas.
La vivienda digna es un derecho y una condición necesaria para el cumplimiento de la dignidad, la libertad y la justicia social.
