Participaron de la reunión el Defensor del Pueblo Alejandro Amor, acompañado por Arturo Pozzali (Defensor Adjunto), Bárbara Rossen (titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente), Livia Ritondo (responsable de la Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales), Fernando Fimognare (coordinador operativo de Planeamiento, Obras y Espacio Público) y Dolores Gandulfo (titular de la Unidad de Política Institucional).
Asimismo estuvieron presentes Silvia Caprino (Defensora del Pueblo de la Matanza), Alejandro Gorrini (Defensor del Pueblo de Lanús) y representantes de la Universidad de San Martín, el Proyecto de Investigación e Inclusión Urbana (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA), la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de La Matanza, la Coordinación del Curso de Derecho Ambiental de la UBA, la Universidad Tecnológica Nacional (Facultades Regionales de Buenos Aires y Avellaneda), el Instituto Universitario CEMIC, el Colegio Público de Abogados de Morón, el Colegio Público de Abogados de Avellaneda, la Red de Salud Ambiental, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Ambiente y Sociedad, el Proyecto Riachuelo, Urbana Tevé, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración General de la Nación.
En esta oportunidad, se discutió sobre el monitoreo y la generación de datos relativos a los índices de contaminación, la situación sanitaria de la cuenca en su conjunto, la calidad del agua, la gestión de residuos y el estado de los basurales en el AMBA, los proyectos de relocalización de familias, y la participación de movimientos sociales y referentes vecinales.
Alejandro Amor señaló que “el objetivo es tratar de fijar una agenda y lograr la visibilidad de la problemática para que sea la guía para una acción política concreta”.
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