Estamos en presencia de una convocatoria formulada por periodistas, escritoras, activistas y feministas comprometidas con la temática de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, hartas e indignadas por la frecuencia aberrante de femicidios y otras múltiples expresiones de crueldad hacia miles de mujeres niñas y adolescentes. El sinnúmero de adhesiones y la creciente expectativa política que despierta la movilización que organizaron tiene que ver con la preocupación social profunda por los crímenes aberrantes de mujeres que convoca al debate ciudadano y televisivo.
Desde el asesinato de Alicia Muñiz por Carlos Monzón en 1988 empezó a visibilizarse aquello que se preservaba para el ámbito privado. La violencia intrafamiliar y las diversas agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales son hoy reconocidas como la principal causa de inseguridad e incluso de muerte para las mujeres jóvenes. Desde aquel momento empezaron a delinearse normas legales, servicios telefónicos gratuitos, equipos interdisciplinarios de atención para las víctimas. Todo el amplio recorrido de políticas públicas con perspectiva de género no ha podido responder de manera integral, sistemática y permanente para su prevención.
Durante casi 30 años, desde el movimiento de mujeres y las organizaciones de derechos humanos especializadas en estos temas se reclamaron campañas sostenidas en el tiempo para modificar los patrones sexistas y machistas que convierten al cuerpo de las mujeres, de las niñas y adolescentes en objetos a manipular, a dominar y a mutilar cuando responden con autonomía e independencia de criterios.
Esa cultura machista anida en el corazón profundo de las sociedades contemporáneas. Hemos logrado avances innegables y reconocidos mundialmente. En materia legislativa la Ley Nacional 26.485 de Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres es una de las más avanzadas en la materia. Sin embargo, la cultura machista del patriarcado y la cultura de dominación y violencia hacia el cuerpo femenino siguen anidando en lo profundo de las instituciones y de las familias. En la justicia misma, vale la pena señalar la increíble reducción de la pena al violador de un niño de 6 años por los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues en Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires o la arbitraria y misógina decisión judicial del Juzgado 5 de San Isidro en permitir que los hijos de Rosana Galliano vivan con los asesinos de su madre.
Las múltiples expresiones de misoginia y de discriminación en los grandes medios de comunicación, que exhiben los cuerpos de las mujeres habitualmente como objetos sexuales para ser consumidos por la oferta del mercado, las miles de víctimas rescatadas por la Oficina de lucha Contra la Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, si bien dan cuenta de una tarea importante del Estado, hablan también de la vigencia y profundización de las redes de trata con fines de explotación.
Las organizaciones del Estado y de la sociedad civil tenemos la tarea perentoria de articular acciones decisivas para prevenir y erradicar tantas violencias hacia las mujeres. El texto está escrito, es la Ley Nacional 26.485, es el petitorio de 5 puntos elaborado por el colectivo que ideó la campaña y la marcha bautizadas #NiUnaMenos. Nuestro compromiso está firme. Desde la Defensoría del Pueblo estamos presentando iniciativas con acciones concretas para abordar la prevención y la atención desde el sistema educativo y desde las políticas sociales. Después del 3 de junio la tarea ineludible será hacerlos realidad.
Alejandro Amor
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
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