A través del documento, Amor solicita a la Ministra que revoque la resolución, por calificarla de ineficaz y arbitraria.
Ineficaz porque si el objetivo – tal como fue explicado por Bullrich en medios de comunicación- es informar que se extremarán las medidas para prevenir ilícitos y se monitoreará a los supuestos infractores, bastaría simplemente con dar a conocer esto a la ciudadanía sin necesidad de poner en marcha un operativo en un medio de transporte en el cual concurren más de trescientos cincuenta millones de personas al año – según un informe del Ministerio de Transporte de la Nación.
Arbitraria porque la sola circunstancia de que una persona esté sospechada de haber cometido un delito y/o una contravención no autoriza a suponer que ha cometido esa infracción y mucho menos a que la cometerá en el futuro. Semejante suposición resulta violatoria de la garantía constitucional de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Por otro lado, el oficio critica que la resolución no explicita los motivos -ni criterios- que impulsan a los agentes de las fuerzas de seguridad a interceptar a un ciudadano para requerir su documento en un medio de transporte.
En ese sentido, al tratarse de un medio de transporte con tal cantidad de usuarios, la tarea de identificación lleva necesariamente la aplicación de pautas arbitrarias de interceptación que, de acuerdo a la experiencia en la materia recogida por la Defensoría, sin lugar a dudas tendrán por objeto grupos vulnerados, minorías sexuales, personas con discapacidad, personas en situación de calles, migrantes, etcétera.
Por último, si bien la Defensoría califica como positiva toda acción adoptada por los órganos del Estado con miras de proteger la seguridad y bienes de todos los ciudadanos, considera que -además de lo expuesto previamente- la medida conllevará indefectiblemente a socavar aún más la imagen negativa que la ciudadanía tiene de esa institución, tan necesaria para la vigencia misma del Estado de Derecho.
