“¿Por qué una guía para que aprendas a leer las boletas de los servicios de luz, gas y agua?. Porque desde la Defensoría del Pueblo creemos que el acceso a la información es un derecho fundamental para lograr el ejercicio de todos tus derechos. Si los conocés podés reclamar por ellos y, este caso, quejarte en el caso de que no te hayan cobrado lo que corresponde”, sostuvo el Defensor del Pueblo Alejandro Amor.
Para Diego Mielnicki, director de Servicios Públicos de la Defensoría, “los usuarios de los servicios públicos esenciales son personas, no clientes. Y tienen derechos que muchas veces no se respetan. Las prestadoras privadas y los órganos estatales tienen obligaciones y responsabilidades. Nuestra institución trabaja diariamente para monitorear y exigir su cumplimiento. El acceso a las fuentes de energía y al agua resulta, sin ningún lugar a dudas, condición necesaria para el ejercicio de los derechos a la calidad de vida, a la salud, a la recreación y al esparcimiento, entre muchos otros; en última instancia: al derecho a la vida digna. Justamente, el acceso a los servicios públicos esenciales constituye una de las formas de realización de los Derechos Humanos, por definición universales y progresivos”.
Sin embargo, “los sucesivos incrementos en las tarifas producidos en los últimos meses generaron situaciones problemáticas para la mayoría de los usuarios y mucha vulnerabilidad en grupos sociales como los jubilados y familias con personas electrodependientes, que no pueden afrontar el pago total de las facturas de los servicios públicos”, subrayó Amor. “En este marco y luego de mucho trabajo, la Defensoría logró que se aplique una ampliación de la tarifa social que proponía el Gobierno Nacional y con ésta se logró que el beneficio alcance a muchos vecinos que se encontraban en una situación de vulnerabilidad pero no cumplían los requisitos originales para acceder. Aun así, muchos usuarios se han visto perjudicados ante inequidades, restricciones, demoras y complicaciones que se presentaron a la hora de solicitar y acceder a la tarifa social para los distintos servicios. Las denuncias por las dificultades previamente descriptas se multiplicaron y desde la Defensoría reclamamos que se cumplan los criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando tuvo que decidir sobre los aumentos tarifarios que fueron judicializados: proporcionalidad, racionalidad, gradualidad y no confiscatoriedad. En línea con estos principios establecidos por la CSJN desde el primer día, desde la Defensoría propusimos soluciones concretas ante las denuncias de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires con dificultades para afrontar los aumentos: propusimos la instrumentación de una tarifa social única y homogénea, conseguimos la ampliación de los packs gratuitos, obtuvimos el acceso para casos de excepción y trabajamos hasta hoy en forma paulatina y constante por la ampliación de las causales previstas para el acceso a la tarifa social, para beneficio de numerosos colectivos vulnerables”.
Al mismo tiempo, el ombudsman porteño aseguró que “desde nuestro rol institucional, participamos de todas las audiencias públicas que hubo y consideramos que éstas deberían tener un carácter vinculante, dado que constituyen la única instancia –más allá de los momentos de elecciones o de manifestaciones- en la que la ciudadanía puede participar, hacerse escuchar y tener posibilidad de construir en conjunto. Creemos también que los aumentos en las tarifas no pueden hacerse en cualquier momento, sino que necesariamente deben estar ligados a las negociaciones paritarias nacionales. Si los aumentos de sueldos se dan una vez al año, entonces los de las tarifas deberían ser anuales. Seguimos trabajando con la Dirección de Servicios Públicos, con la Defensora Adjunta, María América González y con todo el equipo de la Defensoría del Pueblo para dar curso a los cientos de reclamos y consultas que recibimos a diario en nuestra institución. Seguimos dialogando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con el Ministerio de Energía y Minería con el objetivo de lograr cumplir nuestra premisa diaria: que nadie que la necesite se queda sin acceder al régimen de la tarifa social y que ningún usuario se quede sin acceso a los servicios públicos”.
