Se trata de una abuela, sus nietas y bisnietos que acudieron a este organismo ante la posibilidad de quedarse sin hogar. Cabe destacar que la falta de acceso a la vivienda en las familias vulnerables en territorio porteño es uno de los déficits socio-económicos que más afectan a la Ciudad de Buenos Aires, donde familias enteras viven en situación de calle en pleno centro urbano o que subsisten en condiciones precarias e indignas ocupando habitaciones de hoteles, pensiones o conventillos sin condiciones elementales de habitabilidad.
Los que tienen más “suerte”, consiguen un subsidio estatal que les permite abonar 1/3 del alquiler de una pieza situada en una villa de emergencia a precios exorbitantes. Sin embargo, una vez transcurridos los meses que dura la asistencia estatal, la familia queda nuevamente en una situación de indefensión y desamparo que la enfrenta, de forma cíclica y casi ineludible, a la calle.
Atento la grave situación social y la falta de políticas públicas eficaces para afrontar esta problemática, el Poder Judicial se ha convertido en una instancia clave para custodiar que el Gobierno cumpla con su obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna y hacer efectivo los estándares internacionales en la materia.
Casi un año después del inicio del juicio, el 19 de junio del corriente, el Juzgado de 1era. Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario N°2, Secretaria N°3 hizo lugar a la acción de amparo presentada y condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a otorgar a dicho núcleo familiar una vivienda adecuada a sus necesidades, bajo la figura del “comodato social”.
En su sentencia, el Tribunal consideró regresiva la conducta del Gobierno de negar la continuidad de asistencia al grupo familiar, pese a mantenerse la situación de vulnerabilidad social así como no haber ofrecido ninguna alternativa razonable de salida a la situación de calle a dicha familia. Asimismo, consideró que los programas que dispone el GCABA para dar respuesta a la problemática habitacional son insuficientes y no respetan los estándares internacionales.
La decisión constituye un aliciente para el grupo familiar patrocinado por el CDH frente a la falta de políticas públicas estructurales y a largo plazo por parte del GCBA ante la situación en la que se encuentran miles de familias en la Ciudad.
