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La Defensoría del Pueblo, presente en el encuentro de fortalecimiento del movimiento cooperador escolar

El director de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la institución, Gustavo Lesbegueris participó del encuentro de las cooperadoras escolares, organizado por el Cuerpo de Delegados Comunales de Cooperadoras Escolares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se realizó el 14 de noviembre en el edificio del Ministerio de Educación de la Nación “Palacio Pizzurno” y auspiciado por la Defensoría del Pueblo. El funcionario reafirmó el compromiso del organismo con la defensa de la escuela pública, laica y de calidad para todos/as, las políticas de inclusión educativa, la defensa del derecho a la educación y el fortalecimiento del movimiento cooperador escolar.

El 14 de noviembre se llevó a cabo en el edificio del Ministerio de Educación de la Nación «Palacio Pizzurno» el encuentro de las cooperadoras escolares, organizado por el Cuerpo de Delegados Comunales de Cooperadoras Escolares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y auspiciado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante una masiva concurrencia de padres y madres de alumnos/as de las escuelas estatales de la Ciudad, el encuentro se inició con un panel de apertura a cargo del subsecretario de Inclusión Educativa de la Nación, Francisco «Tito» Nenna, el delegado comunal Osvaldo Poletti y el director de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la Defensoría, Gustavo Lesbegueris (foto), quien llevó a los asistentes el saludo del Defensor del Pueblo Alejandro Amor y de la Subsecretaria de Derechos Sociales Livia Ritondo, al tiempo que reafirmó el compromiso del organismo con la defensa de la escuela pública, laica y de calidad para todos/as, las políticas de inclusión educativa, la defensa del derecho a la educación y el fortalecimiento del movimiento cooperador escolar.
Como dato destacado de la jornada, se hicieron presentes delegaciones del conurbano bonaerense y de otras jurisdicciones como Córdoba y Santa Fe, quienes junto a los convocantes suscribieron el acta fundacional de la futura Mesa Nacional de Cooperadores Escolares. “Decidimos conformar de común acuerdo, la Mesa Nacional de Cooperadores Escolares con la finalidad de defender la educación pública, libre, laica, gratuita e inclusiva; promover la participación y conformación de cooperadoras escolares en el marco de la Ley Nacional 26.206 y la Ley Nacional de Cooperadoras Escolares 26.759 y establecer líneas de acción para garantizar la concreción de los objetivos que motivan su creación”, suscribieron los cooperadores.
Posteriormente, los asistentes se reunieron en comisiones en las que a lo largo de la jornada debatieron acerca de temas y problemáticas comunes como «Comedores Escolares»; «Ser Cooperador»; «Infraestructura Escolar», entre otras.
Por la tarde se hizo presente en el evento el ex diputado nacional Daniel Filmus, impulsor de la Ley 26.759 de Institucionalización de las Cooperadoras Escolares.
Días más tarde, y como corolario de las conclusiones arribadas en el marco del encuentro los cooperadores escolares dirigieron una nota a los/as legisladores/as porteños/as a fin de expresarles su preocupación ante el Proyecto de Ley de Presupuesto 2016 que a su entender no tuvo el debate que hubiera merecido una ley de esta trascendencia.
Los cooperadores reivindican la necesidad de aumentar y definir la correcta asignación de partidas presupuestarias para el área educativa. Así lo expresan en su nota:
-Incremento del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE). Dicho importe hoy se encuentra en valores inferiores a $1 (un peso) por día por alumno, lo que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de funcionamiento de las escuelas. Esta limitación económica se ve agravada por no respetarse los plazos establecidos por la Ley 3372 (artículo 10) para la transferencia de recursos, que debe ser entre abril y agosto de cada año. A diciembre de 2015 un gran porcentaje de Asociaciones Cooperadoras con las presentaciones correspondientes de los balances y cuadros demostrativos al día, no han recibido la transferencia de la segunda cuota anual, fecha que excede en más de 3 meses, lo estipulado por ley. Por otra parte, exigimos que por primera vez desde su sanción, comience a cumplirse la Ley FUDE en lo que respecta a la asignación de una partida presupuestaria específica para la ejecución del Presupuesto Comunal Educativo (artículo 17).
-Ejecución total del presupuesto asignado a Educación. Año tras año el insuficiente presupuesto asignado a educación no se ejecuta en su totalidad, impidiendo hacer frente a obras, inversiones y acciones contempladas por los propios legisladores en la ley anual de presupuesto. La ejecución promedio de los últimos nueve años es inferior al 70%.
-Mejorar el servicio de mantenimiento escolar. Hoy el mantenimiento es llevado adelante por empresas tercerizadas que no cumplen con las contraprestaciones que deben realizar, obligando a las Cooperadoras a resolver los problemas que atraviesan las escuelas con fondos propios. Además, dichas empresas tienen sus contratos vencidos, acceden a las contrataciones sin que medien procesos de licitación pública y sin que la comunidad pueda participar en la fiscalización y control de su correcto desempeño. También es ineficiente el servicio en las escuelas donde lo centraliza la Dirección de Mantenimiento. Para ambos casos es preciso que las Cooperadoras intervengan en el pedido de realización de tarea y participen del control de su cumplimiento.
-Garantizar el acceso a los comedores escolares de manera totalmente gratuita, sin necesidad de solicitar becas, e incorporar la entrega de viandas en escuelas de nivel medio. Consideramos que la alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes durante su jornada escolar es un derecho que debe ser atendido de manera universal, sin someter a las familias a la obligación de acreditar su imposibilidad de pago. La capacidad contributiva de los ciudadanos debe ser analizada por la autoridad tributaria y no por el sistema político ni escolar, debiendo este último ante todo garantizar derechos.
-Incrementar las partidas presupuestarias en materia de infraestructura y equipamiento para ampliar la oferta educativa y la disponibilidad de vacantes en jardines maternales, escuelas infantiles y garantizar la correcta adecuación de las escuelas de nivel medio ante la aplicación de la Nueva Escuela Secundaria (NES).