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La Defensoría debatió sobre seguridad democrática y uso de las armas

Organizada por el Programa de Planificación Estratégica de Políticas de Seguridad de la Defensoría del Pueblo, el viernes 7 de junio se realizó la Jornada "Seguridad democrática y uso de las armas" con la participación de funcionarios públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

En la apertura, la secretaría General de la casa, Silvina Pennella, celebró la nueva instancia de debate alrededor de esta temática: “para la Defensoría del Pueblo es de suma importancia realizar un debate de la seguridad que esté a la altura dentro de un contexto de endurecimiento del uso de la fuerza”. Pennella estuvo acompañada por el Defensor General Adjunto del Ministerio Público de la Defensa, Luis Duacastella; Dolores Gandulfo, titular de la Unidad de Políticas Institucionales; Claudia López, responsable de la Conducción Ejecutiva de Gestión Pública y la subcoordinadora operativa de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional, Carolina Arias.

El cierre del evento estuvo a cargo del titular del Programa de Planificación Estratégica de Políticas de Seguridad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fuks, quien celebró la concurrencia al seminario y destacó: “ante un contexto de corrimiento de los límites de la seguridad democrática y discursos estatales en esa dirección, el debate del uso de las armas, las normas que lo rigen -tanto en las fuerzas de seguridad como en la sociedad civil- pasa a ser de cualitativa importancia. Desde la Defensoría venimos impulsando estas líneas de acción”.

El objetivo fue abordar las principales discusiones en torno a la temática de las armas, así como también aspectos vinculados a ella: armas menos letales, uso de la fuerza y estado policial, armas y violencia de género, y políticas de desarme ciudadano, a lo largo de cuatro paneles.

Con respecto a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno, Duacastella señaló que “estamos ante un plan político sin sustento en la legalidad y con una absoluta omisión por parte del Poder Judicial en la sanción de los casos de violencia institucional, que está fuera de los marcos y tratados internacionales”. 

Sobre el tema del uso de las armas Táser, Miguel Ángel González de Metrodelegados, explicó que “nosotros como trabajadores no estamos en contra de la seguridad y sus avances, pero si creemos que necesitamos de una aplicación responsable de estas nuevas tecnologías como la del reconocimiento facial, que no sea sólo un anuncio marketinero”.

Por su parte, la docente e investigadora del CONICET, Sabina Frederic, opinó sobre el Estado Policial y resaltó que “cabe destacar que la mayoría de las fuerzas policías del mundo occidental están sindicalizadas, donde los efectivos gozan de los derechos laborales como cualquier otro trabajador, tema que no se resolvió aún en nuestra región”.   

De los paneles participaron Luciano Hazan (Defensoría General de la Nación); Mercedes Rebaneyra (Superintendencia de Políticas de Género); Luis Duacastella (Ministerio Público de la Defensa); Paola García Rey (Amnistía Internacional); Mariana Galvani (Instituto Gino Germani – UBA); Alejandra Otamendi (Instituto Gino Germani – UBA); Victoria Darraidou (Centro de Estudios Legales y Sociales); Sabina Frederic (Universidad Nacional de Quilmes y CONICET); Julian Alfie e Ileana Arduino (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales); Adrián Marcenac (Red Argentina Desarme); Oscar Moscardini (Agencia Nacional de Materiales Controlados); Silvia La Ruffa(I-Ciudad): Miguel Ángel González (Metrodelegados); María Elena Naddeo (Programa de Atención de la Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría); y Carolina Arias (Subcoordinación Operativa de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

 

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