Organizada por la Defensora del Pueblo adjunta María América González, el titular de la Coordinación Operativa de Condiciones del Trabajo Mauro Posada, el encargado del Programa de Promoción de Derechos del Trabajo Néstor Gómez de Saravia, la directora de Asistencia Jurídica en Relaciones del Trabajo y Sociales Mónica Colman, y la responsable de la Coordinación de Planificación Laboral y Normas Silvana Tejera; la jornada tuvo como objetivo principal exponer y discutir los proyectos sobre Reforma Laboral presentados por el Poder Ejecutivo de la Nación, que se van a tratar próximamente en el ámbito legislativo.
Durante la apertura del evento, la defensora adjunta María América González expresó que la Defensoría “propone esta actividad como un espacio de intercambio de ideas en búsqueda de fortalecer los derechos laborales reconocidos”.
El encuentro se dividió en tres paneles donde participaron profesionales del derecho quienes disertaron sobre las situaciones y relaciones laborales en Argentina y en el mundo y las distintas reformas al régimen de trabajo.
En el primero, sobre las reformas laborales en América Latina y en Europa, expusieron Rubén Cortina (presidente de UNI Americas, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Empleados de Comercio y director del Instituto del Trabajo de la Universidad de Tres de Febrero) y Pablo Topet (profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y consultor de la Organización Internacional del Trabajo en Libertad Sindical).
Cortina brindó una amplia mirada internacional referida a los cambios ocurridos en Brasil y Francia, «países cuyas reformas buscan debilitar la acción de los sindicatos y mermar parte de los derechos laborales adquiridos», señaló. Además, reflexionó sobre las nuevas modalidades de trabajo como la compra/venta por internet y el sistema UBER, donde las personas y los trabajadores son «despersonificados», situación que determina nuevas formas de trabajo que debieran regularse de inmediato.
Por su parte, Topet se enfocó en los proyectos de modificación de Argentina a partir de la desigualdad de fuerzas que existe entre las empresas y los trabajadores, así como del tratamiento que la sociedad hace al respecto de los derechos laborales. También hizo una crítica general a los tres proyectos de reforma: Registración de los trabajadores, Régimen de Pasantías y Agencias de Salud.
El segundo panel, acerca del blanqueo y las pasantías en el Sistema de Prácticas Formativas y la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, estuvo integrado por Pablo Mazzoli, director de la Subcoordinación Operativa de Obras Sociales, Pami y Anses de la Defensoría, y Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
En primer lugar, Mazzoli desarrolló el proyecto de Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud y destacó que el 50% de la población argentina está cubierto por una Obra Social, y que «tenemos la obligación de cuidar la cobertura del sistema público universal». Planteó una serie de inquietudes acerca de la necesidad o no de una Agencia de Control de la Salud -además del existente PMO (Plan Médico Obligatorio)- y de las disposiciones que deberá establecer el Consejo de Evaluación, las cuales serán vinculantes, es decir que se acatarán sin posibilidad de discusión. «Mientras que el propio Consejo estaría conformado por diversos integrantes de espacios organizacionales, sin definir criterios de selección, y de hasta la misma Defensoría del Pueblo de la Nación, que no cuenta con titular desde hace casi 10 años», informó. Asimismo, manifestó otro punto que a su entender merece mayor atención: dejar librada la reglamentación de la ley sin la intervención de los sindicatos representativos de los servicios de salud. «En definitiva, deberán convocarse a todos los sectores involucrados a los debates de comisiones del Congreso para poder obtener una ley que refuerce los derechos de acceso a la salud de los trabajadores», concluyó.
La postura de Cuartango con relación al blanqueo propuesto en el proyecto fue la siguiente: «Obviamente es compartida la necesidad, pero no la forma en que se instrumentaría, pues la condonación de la deuda por los años en negro beneficia al empleador pero restringe el derecho del trabajador, al que solo se le reconoce los años a los fines previsionales por un período de 5 años, cuando puede estar desde una década atrás cobrando en negro. La propuesta debería basarse en la obligación del empleador de mantener registrado y activo al trabajador por el mismo tiempo que ha trabajado con anterior al blanqueo, porque se corre el riesgo de registrar al trabajador y que a los dos años el empleador lo termine despidiendo y no cumpla con la indemnización prevista en la Ley 24.073». Por otro lado, hizo hincapié en que las multas surgidas de la violación a la Ley Nacional de Empleo por parte del empleador, no deben ir a la recaudación de AFIP, sino al trabajador quien en realidad es el que se ve perjudicado en sus derechos económicos y sociales por largos períodos. En cuanto a las pasantías previstas en el proyecto de ley radicado en el Congreso, opinó que «sin dudas se comparte la posibilidad de que los estudiantes puedan realizar prácticas rentadas acordes a la salida laboral que sustenta la carrera que está transitando, y quien estudia ingeniería electrónica, no termine de repositor en un supermercado». En este sentido, indicó que «debe establecerse un porcentaje determinado para las pasantías y las mismas no deben afectar la planta en relación de dependencia, sin ser disminuida para ser reemplazados por pasantes a un menor costo».
En el tercer y último panel, referido específicamente a la reforma laboral en Argentina, al fondo de cese laboral y a las modificaciones a la Ley Nacional de Empleo, expusieron el senador chubutense por el Partido Justicialista Juan Mario Pais, el juez de Tribunal del Trabajo I de La Plata Víctor Hugo Guida, y la ex viceministra de Trabajo de la Nación Noemí Rial.
En primer término tomó la palabra el senador Pais, quien se expresó de manera crítica respecto de las modificaciones que introduce la reforma laboral. En particular, habló sobre las diferentes realidades que se observan en un territorio tan extenso como es el país y puso en debate las dificultades que se viven en la Patagonia en relación al mayor costo de vida producto de los traslados y las condiciones climáticas. Asimismo, remarcó la baja de las asignaciones familiares para el sector patagónico, decretada en días anteriores con un fuerte impacto negativo que dicha medida produce en la economía.
Seguidamente, el juez Guida explicó que existe una necesidad de reformar el sistema laboral, y en ese virtud de ello se refirió a las modificaciones realizadas en la Ley de ART, con relación a la incumbencia administrativa y en la situación de tener que esperar entre 4 o 5 años para obtener una indemnización por un accidente, lo cual termina siendo aún más perjudicial que limitar el reclamo en tribunales. «Si, como figura en el proyecto de reforma actual, la Agencia de Salud se expidiera en 90 días, esto sería un avance en la posibilidad de obtener una compensación por los daños sufridos con mayor rapidez», subrayó. Aportó datos acerca de abusos que ciertos abogados aplican a la hora de cobrar sus honorarios: «Suelen regular honorarios en torno al 18%, pero sumado al porcentaje que el abogado acuerda con el cliente, en general el 20%, esto redunda en un 38% que termina cobrando el letrado. Dicha cifra, puede subir fuertemente y de manera irregular mediante maniobras de engrosamiento de la indemnización, produciendo una reducción considerable en la indemnización del trabajador». Finalmente, sobre el problema que afrontan los tribunales en cuanto a la gran cantidad de expedientes que deben llevar adelante, dijo que «mientras que el último trabajo de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires determinó que deberían ingresar no más de 800 causas anuales, durante el año 2017 fueron iniciados en mi juzgado 25.600 juicios, lo que demuestra el colapso judicial».
La última oradora, Noemí Rial, manifestó la necesidad de mantener un rol activo desde el propio Estado, con el fin de equiparar las relaciones laborales entendiendo que el trabajador se encuentra en situación de desventaja respecto del empleador. A su vez, se refirió al bajo impacto que las paritarias producen en la inflación, y utilizó como ejemplo una conocida marca de gaseosas, cuyo producto en góndola tiene solo un 4% de costo laboral. En relación a los casos de accidentes laborales, se mostró decididamente preocupada por la violación al derecho constitucional de acceso a la justicia que supondría la obligación por parte del trabajador a ser evaluado por un órgano administrativo y no por un juez.
A modo de cierre, la Defensora del Pueblo adjunta anunció que la institución se compromete a realizar una segunda jornada con mayor posibilidad de debate y con la presencia de los representantes sindicales que designen los gremios para escuchar la voz de los trabajadores.
