En primer lugar, Mariana Herrera, abogada y autora del proyecto, se refirió a la conformación de la Red Nacional de Mujeres Policías, colectivo con presencia en 17 provincias que da contención y asesoramiento a víctimas de violencia e impulsa esta iniciativa.
“El proyecto refleja la demanda de las mujeres. No puede esperar más porque es muy alto el nivel de violencia y las mujeres policías no tienen donde denunciar. Creemos que el proyecto abre una puerta que no se va a cerrar. Llamamos a las autoridades nacionales y provinciales para encontrar una solución para estas mujeres”, afirmó Herrera.
María Elena Naddeo, titular del Programa de Niñez, Adolescencia y Género, apuntó que “el proyecto pone en agenda pública una problemática que nos escandaliza. Es un ejemplo de cómo el movimiento de mujeres permeó en el conjunto de la sociedad y sus instituciones”. Además, indicó que “como Defensoría vamos a estudiar su posible presentación en el ámbito de la Legislatura”.
Por su parte, Carolina Arias, subcoordinadora operativa de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional, aseguró que “dentro de las instituciones, las policías deben luchar por el reconocimiento de sus derechos, pero también deben hacerlo cuando salen a la calle a cumplir con su función porque la sociedad machista no reconoce la autoridad de la mujer”.
El Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor sostuvo que “vivimos en una estructura construida sobre lineamientos patriarcales. Por eso es necesario sancionar esta ley pero también es fundamental generar un cambio cultural en los varones. Sorprende que a pesar de la visibilidad del tema y de las marchas, las cifras sobre femicidios no cambiaron”.
Además, recordó el impulso que desde la Defensoría se dio para lograr la sanción de la Ley Brisa de reparación económica a hijos de victimas de femicidos, abogó por la creación de un Observatorio de Violencia de Género “para tener las estadísticas que hoy no tenemos”, y se comprometió a apoyar este proyecto.
La iniciativa contempla la creación de un Departamento Autónomo de Género Policial y de las Fuerzas de Seguridad, con independencia y autonomía de las instituciones de seguridad, y dependiente de la Corte Suprema o de los Tribunales Superiores de Justicia de cada provincia. Este Departamento tendrá como función recibir denuncias y realizar los procedimientos de recolección de pruebas sobre los hechos, para luego elevarlas a la Justicia.
Además, dispone la creación de un Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres Policías y de las Fuerzas de Seguridad, para relevar datos, elaborar estadísticas y diseñar políticas públicas y de prevención.
Según datos extraoficiales, 1 de cada 3 mujeres policías sufrió alguna forma de acoso laboral o sexual, amenazas, hostigamiento o persecución de parte de sus compañeros o superiores.
Actualmente, el 85% de los cargos jerárquicos en todas las provincias del país son ocupados por hombres.
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