Bandera Argentina
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III Plenario de ADPRA en San Miguel de Tucumán

La ciudad de San Miguel de Tucumán fue escenario de una nueva reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, en la que se debatió la problemática de las altas comisiones que cobran las tarjetas de crédito.

Al mismo tiempo, se resolvió aceptar la propuesta por la Defensoría del Pueblo de Córdoba para solicitarle a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que amplíe la investigación sobre la totalidad de las empresas operadoras del Sistema de Pagos Electrónicos.

Respecto de esta situación, se decidió: solicitar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que se investigue a las empresas PRISMA Medios de Pago S.A, perteneciente al grupo Visa, y a la firma FIRST DATA CONO SUR S.R.L, perteneciente al grupo MASTERCARD, por conductas que perjudican a los comercios que contratan sus servicios; solicitar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que instrumente de manera urgente las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que cualquier terminal pueda usarse para procesar transacciones con todas las tarjetas y así evitar que se termine duplicando los costos por el mismo servicio; solicitar a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo que determine las responsabilidades por incumplimiento y aplique las sanciones que correspondieren a las empresas antes citadas.

El presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, les reclamó a los empresarios que “les den respuesta a los que ellos llaman clientes, y nosotros, los Defensores, llamamos usuarios”. Además, estuvo presente la Defensora Adjunta del Pueblo María América González.

También se planteó la necesidad de realizar un seguimiento sobre el proyecto de ley de Reforma Política y la supervisión de la hipotética implementación de la Boleta Única electrónica en todo el país, como ya sucedió en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
En otro de los temas que se trataron en la jornada, se decidió la creación de nuevas Defensorías del Pueblo en la Región Patagónica, una de las más afectadas por los incrementos en las tarifas de los servicios públicos. 

Además, se abordó la problemática del trabajo infantil, mediante la propuesta de elaborar una campaña de concientización social, en el marco de la Red de Infancia de ADPRA; y se aprobó un proyecto de la Defensoría del Pueblo de la Banda para resolveré los inconvenientes con el agua que hay en un barrio de esa Ciudad.