Los paneles que se produjeron en la UADE durante la mañana del viernes 8 de junio fueron los siguientes:
Panel 4: Derecho a la protesta y resguardo de la actividad periodística durante manifestaciones públicas. Moderador/a: Natalia Rodríguez, titular de la Unidad de Vocería de Prensa y Comunicación de la Defensoría del Pueblo. Expositoras/es: Daniel Vides, presidente de la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos (ARGRA); Santiago Magrone, representante de SIPREBA; Andrea Conde, legisladora porteña y vice presidenta segunda de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; Leonardo Grosso, diputado Nacional, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional; Roberto Baigorria, responsable del Consejo de Organizaciones de la Defensoría del Pueblo. Los ejes abordados en esta mesa fueron la actividad periodística en ocasión de las manifestaciones públicas, las discusiones en torno a la ley de seguridad pública en relación con el derecho a la protesta y el rol institucional del Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría.
Panel 5: Mecanismos de control y rol de la sociedad civil. Moderador/a: Dolores Gandulfo, directora de Política Institucional de la Defensoría. Expositoras/es: María Graciela García-Carolina Arias, responsables de la subsecretaría de Derechos Humanos y Seguridad, Defensoría del Pueblo; Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Paola García Rey, directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos – Amnistía Internacional Argentina; Paula Penacca, legisladora de la Ciudad y responsable del Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (OCIVI); Juan Pablo Arenaza, subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Los principales temas expuestos fueron la tarea institucional de la Defensoría como órgano de control de la Ciudad en relación con los temas de seguridad y derechos humanos y la experiencia de observación en manifestaciones públicas de la Defensoría, la actividad del CELS y de Amnistía en cuanto al control de las fuerzas de seguridad, en particular las que actúan en la Ciudad de Buenos Aires, el seguimiento en el cumplimiento de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad con sus respectivas propuestas legislativas y la participación ciudadana como eje de la política de seguridad.
Panel 6: Seguridad y género: mujeres y comunidad LGBTIQ. Moderador/a: Pablo Ferreyra, de la Defensoría del Pueblo. Expositoras/es: Liliana Rubino, superintendenta de Políticas de Género de la Policía dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; Alejandra Rodríguez, integrante del Colectivo Ni Una Menos; Lidia Pérez, secretaria de Privadxs de la Libertad y Liberadxs de la Federación Argentina de LGBT y la Mesa Nacional por la Igualdad; Paula Arraigada, referente de la Agrupación “Nelly Omar”; Victoria Montenegro, legisladora porteña. Se refirieron esencialmente a las políticas de género de la Policía de la Ciudad y a los protocolos de actuación policial en casos de violencia de género o intrafamiliar, a las reivindicaciones del colectivo ni una menos y a su experiencia de organización feminista en las últimas manifestaciones y a la situación de la comunidad LGBTIQ y de las mujeres en relación con la seguridad.
Panel 7: Seguridad y grupos en situación de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes. Moderador/a: Ezequiel Paulucci, de la Defensoría del Pueblo. Expositoras/es: Luciana Pandullo, responsable del Área de Niñez de ATE Capital; Inés Mancini, investigadora principal del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda de la Universidad Nacional de Avellaneda; Elena Liberatori, jueza a cargo del Juzgado de primera instancia Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires; Mariángeles Misuraca, oficial de Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF – Argentina; Mario Coriolano, vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y defensor ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, se expuso sobre la mirada de los trabajadores del Estado acerca de las políticas de niñez en la Ciudad de Buenos Aires, los datos estadísticos sobre delitos referidos a niños y niñas en conflicto con la ley penal trabajado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la UNDAV, la situación de los adolescentes y la seguridad: el caso de las tomas de las escuelas, los estándares internacionales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes y el rol de los organismos internacionales y buenas prácticas (tortura y otros tratos inhumanos a grupos vulnerabilizados: niñez, jóvenes, mujeres, cisgénero y transgénero).
Por la tarde, en el auditorio de la Defensoría se llevó a cabo el panel central de cierre denominado “Derechos Humanos, Uso de la fuerza policial y empleo de armas de fuego: principales debates y desafíos”. Moderado por el defensor adjunto del Pueblo Gabriel Fuks, los participantes fueron Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires; Silvia Ramos, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC) de la Universidad de Cándido Mendes, Río de Janeiro, Brasil; Sergio Torres, juez federal; Luis Novoa, coordinador del Equipo Seguridad Humana y Defensores de Derechos Humanos, Oficina del ACNUDH, Colombia; y Marcelo D´Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
“Más allá de la acción permanente por parte de la Defensoría, especialmente durante este año con el trabajo de observación en las manifestaciones, el objetivo de este seminario era el análisis y la reflexión sobre esta temática”, indicó Fuks al inicio de las exposiciones.
Por su parte, Corti expresó que la ciudad se encuentra en un proceso institucional “profundo y novedoso, fundamentalmente a partir de la transferencia de una parte de la Policía Federal a la Ciudad”. Además, enumeró una serie de conflictos relevantes que pasaron por alguna instancia del poder judicial, articulados a su vez con el sistema político, como por ejemplo el uso de las armas eléctricas Taser.
A continuación, Silvia Ramos presentó las cifras de los casos sobre violencia y policía en Brasil. Destacó que en Río de Janeiro, durante 2017, de 5332 homicidios, el 21 por ciento (1124) se trató de muertes por acción policial. La directora del CESeC se refirió a la cantidad de crímenes (muertes por policías, homicidios, robos de calle y robo de vehículos) en las distintas zonas o barrios de esa ciudad. “Los más pobres son las víctimas mayores de la violencia del Estado”, aseveró.
El juez Torres reafirmó que “la incumbencia del derecho penal es restrictiva en esta materia” y recordó que el uso indebido del derecho penal en contra de quienes participan de acciones colectivas contribuye a la criminilización de la protesta social. Asimismo, opinó que: “El estado debe garantizar el derecho constitucional tanto de las personas que participan de las manifestaciones como de los policías, en general los violentos son pocos y ajenos a la protesta, entonces a mi entender la tarea de la fuerza policial es aislar a esos pocos y no vulnerar los derechos de la inmensa mayoría”.
En tanto, el colombiano Luis Novoa relató que se encuentran en tratativas para que las instituciones del Estado cumplan con los estándares de los derechos humanos al mismo tiempo que se está saliendo de un conflicto armado con las FARC, “en la búsqueda constante de buscar la paz”. Esbozó, además, diversos conceptos de debate más frecuentes que se plantean al cuerpo policial -“quienes deben ser garante de derechos”- por parte de las personas que son objeto de violaciones de los derechos humanos.
Por último, el secretario de Seguridad porteño declaró que su deber es empezar a ordenar desde la seguridad el reclamo constante de la ciudadanía, ya que “desde acá tenemos que mediar entre tres derechos, el de manifestar, el de transitar y nosotros agregamos el del policía, porque también se tiene que prestar a situaciones de extrema violencia”. Según D’ Alessandro ese tipo de circunstancias “se fueron subsanando con la mesa de diálogo que se efectúa en la Ciudad”.
Para finalizar, el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, junto con la directora de País de PNUD, Silvia Morimoto, agradecieron a los presentes y ponderaron la participación masiva del evento.
“El valor de este seminario es que los que estamos acá escuchamos y leemos a los intelectuales intentando tener un horizonte al cual alcanzar, pero que todos los días estamos tratando de construir con la realidad a la que nos enfrentamos”, pronunció el Defensor del Pueblo, y agregó: “Esta mesa heterogénea hubiera sido imposible de sostener hace tiempo atrás, incluso en democracia, y responsablemente lo hemos logrado”.
Amor concluyó el acto señalando que “la sociedad en su conjunto tiene que decir ‘Nunca Más’ a las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. [block id=»seminario-ddh-y-seguridad-2″]
