Encargada de las palabras de apertura, Dolores Gandulfo, titular de la Unidad de Política Institucional de la casa y responsable de la organización del evento, señaló que “aunque somos países distintos, tenemos problemáticas comunes. Esperamos que estas jornadas sean el puntapié inicial de una alianza estratégica entre las Defensorías argentinas y las Comisiones mexicanas”.
A continuación, Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reivindicó “el profundo dialogo institucional que el Ejecutivo local tiene con la Defensoría. Un intercambio no solo de ideas, sino de acciones conjuntas. Nuestra presencia no es solo protocolar, refleja ese trabajo y dialogo institucional”. Además, destacó la hermandad entre Argentina y México, y entre Buenos Aires y México DF, así como el compromiso de la Ciudad con la Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible.
Gabriela Agosto, secretaria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, se refirió a la labor de ese espacio de articulación entre organismos del Estado y afirmó que la Agenda 2030 “nos incita a una planificación estratégica en políticas sociales, económicas y medio ambientales”.
Por su parte, Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, llamó a fortalecer el rol de las instituciones públicas que velan por los derechos de todos los ciudadanos y definió a los derechos humanos en Argentina como “una política de estado abierta, trasversal e integral”.
Consuelo Olvera Treviño, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se refirió a la importancia de la puesta en común entre los organismos presentes así como la conformación de una red de “apoyo mutuo”: “Estamos aquí porque la Verdad, la Memoria y la Justicia, la libertad de expresión, el respeto a la integridad y la dignidad, y la promoción de los valores democráticos son el camino para lograr el desarrollo desde una perspectiva sostenible”.
Finalmente, Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), sostuvo que “se necesitan Defensorías con independencia de los poderes políticos y autarquía financiera, para poder actuar con absoluta legitimidad y contundencia”.
Además, aseguró que a lo largo de las jornadas “vamos a abordar puntos duros y centrales que recorren a Latinoamérica y al mundo en este momento, para ir buscando entre nosotros posturas comunes. La construcción de muros profundiza la violación de los derechos humanos, los puentes sirven para su defensa integral. Tenemos la obligación como Defensores de proponer políticas de estado a largo plazo”.
Finalizada la ceremonia de apertura, tuvo lugar el primer panel sobre la defensa y promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el cual contó con la participación de Jorge Taiana, director del Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP); Laila Brandy, directora del Abordaje Integral de Programas Especiales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina; y Flavio Fuertes, coordinador de la Red Argentina del Pacto Global.
A continuación se llevó a cabo una mesa de trabajo sobre el rol de los organismos de derechos humanos como garantes de derechos, encabezada por Silvina Pennella, secretaria general de la Defensoría porteña; María Laura Garibaldi, defensora del Pueblo de Avellaneda; y Marco Antonio Toh Euán, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo.
En el segundo panel, denominado “Migrar es un derecho: Políticas públicas para la protección y defensa de los movimientos migratorios”, participaron Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta; Pablo Ceriani Cernadas, director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de La PLata; Diego Beltrand, director regional de la Organización Internacional para las Migraciones; y Rocío Fernández, defensora del Pueblo de Escobar, como moderadora.
Luego se desarrolló la última mesa de trabajo del día: “Buenas prácticas en materia migratoria. La experiencia de los organismos”, donde se refirieron a la temática José Raúl Montero de Alba, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, e Ismael Rins, defensor del Pueblo de Río Cuarto. La moderadora en este caso fue Camila Carril, subcoordinadora operativa de Migrantes de la Defensoría del Pueblo porteña.
La jornada del viernes comenzó a las 9.30 horas con el tercer panel sobre “Desafíos para el cumplimiento de los DDHH de Niñas, Niños y Adolescentes, a 60 años de la declaración y a 30 de la Convención de los Derechos del Niño: ¿Qué es proteger a la infancia?”. En esta oportunidad expusieron Marisa Graham, designada para ocupar el cargo de defensora de Niñas, Niños y Adolescentes con relación al orden de mérito del concurso público de oposición y antecedentes de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación; mediante un video Matilde Luna, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF); Sebastián Waisgrais, representante adjunto de UNICEF en Argentina; Silvia Guemureman, directora del Observatorio Infancia, Adolescencia y Juventud del Instituto de Investigaciones «Gino Germani» de la Universidad de Buenos Aires, y moderó Analía Colombo, defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
Posteriormente se realizó la mesa de trabajo designada como “La vigencia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a 60 años de su Declaración y a 30 años de la Convención”, que estuvo a cargo de Adolfo Lopez Badillo, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, y Analía Colombo, Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe. María Elena Naddeo, directora del Programa de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, participó como moderadora.
A la tarde se llevó a cabo el cuarto panel titulado “Políticas de Prevención de la tortura y otros tratos inhumanos”, en el que expusieron Ninfa Delia Domínguez Leal y Enrique Font, titular e integrante respectivamente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de México; y Paula Litvachky, directora del Área Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Moderó Silvia Caprino, defensora del Pueblo de La Matanza.
Por último, se procedió con la mesa de trabajo “Tortura y otros tratos inhumanos. Mecanismos locales”, donde se refirieron Alejandro Gorrini, defensor del Pueblo de Lanús, y José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Sinaloa. El moderador fue Ezequiel Paulucci, de la Unidad de Aplicación del Mecanismo para la Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
A modo de cierre de este encuentro binacional se leyeron las conclusiones más relevantes de las mesas de trabajo efectuadas en ambas jornadas:
I Posturas de los Organismos de Derechos Humanos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
“De la primera mesa en conjunto con las instituciones defensoras de DDHH, hermanas de México y Argentina, se resaltó la necesidad de que trabajemos en reducir las brechas de equidad. Muchos defensores del Pueblo y presidentes de las Comisiones destacaron especialmente la necesidad de crecimiento y el desarrollo humano equitativo. La Agenda 2030 rompe con el paradigma de desarrollo que fracasó, y propone ahora uno económico-social, sustentable y amigable al medioambiente. Es imprescindible enfatizar que no se trata sólo de crecer, sino también de buscar redistribuir la riqueza de modo equitativo.
Las políticas públicas deben planearse y establecerse desde la perspectiva de los DDHH. El rol de las Instituciones defensoras de DDHH debe garantizarlo, y para esto, deben realizar un control del presupuesto, como importante indicador de lo que sucede.
Dentro del rol, es fundamental que las comisiones y defensorías se enfoquen en la inclusión de grupos vulnerados. Se debe garantizar como obligaciones de toda agenda: el cumplimiento del derecho internacional, de la progresividad, así como de la utilización de los máximos recursos disponibles, la educación y la cultura.
II Buenas prácticas en materias de migración
“En la segunda mesa se habló de la necesidad de trabajar en un derecho administrativo en clave de derechos humanos. Surgieron como experiencias las peticiones ante el sistema Interamericano y la ONU, la implementación de protocolos de atención y articulación con la sociedad civil, las redes de apoyo, la organización de comisiones estatales de derechos humanos, la difusión de derechos a futuro no solo de gestión inmediata y el desarrollo de informes de diagnóstico y monitoreo de políticas públicas entre otras buenas prácticas.
Se insistió en la importancia de trabajar la temática en articulación con su principal protagonista que son los migrantes. Contar con organizaciones de la sociedad civil, apoyo a redes de migrantes, conformar mesas de trabajo, reuniones y comunicación interinstitucional que pueda ser reflejada en múltiples espacios. De hablar de quienes son los actores ausentes en la activación de estos derechos, que son los migrantes. No se los escucha ni se los hace participar. Hay que acercarlos, pero no hacerlos ajenos, hacerlos parte del tronco de la discusión. El migrante no es un ciudadano empoderado, y debe potenciarse en este sentido.
Como instituciones defensoras de DDHH debemos bregar por la organización de una agenda estatal de derechos humanos, por promover y difundir los derechos de los migrantes, y hacerlo de manera regional. Debemos pensar como asegurarles y mejorarles el entorno no de cada país sino regionalmente. Como fluye la población, fluye el capital y los negocios. Debe incorporarse a la agenda el analizar de los desplazamientos involuntarios y sus causas detrás. Y donde no es rechazo al extranjero en sí mismo, es rechazo al pobre, a la pobreza”.
III La vigencia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a 60 años de su Declaración y a 30 años de la Convención
“Los NNyA son sujetos de derechos y en el contexto actual siguen siendo víctimas excluidas del sistema, aún ante la existencia de leyes, que no se cumplen. Los Estados nacionales son los responsables de la garantía de sus derechos. Y está en las instituciones defensoras de DDHH velar por su cumplimiento. El énfasis debe ponerse en la protección como método de cuidado, y con ello, en los sistemas de protección de la infancia, asociada a la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
En la Agenda 2030 la niñez es transversal a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Para el vital papel de los organismos de DDHH reunidos se debe contar con áreas especializadas para la protección efectiva de los derechos de los niños. Deben vincularse con organismos de la sociedad civil. A 60 años de la Declaración y 30 de la Convención, el régimen penal de la menoridad es aún dictado por la dictadura militar en argentina. Se trata de evitar institucionalizaciones arbitrarias justificadas en la pobreza, evitar separar al niño de la madre o padre innecesariamente.
El intento de Proyecto sobre el Régimen Penal Juvenil, que hizo énfasis en la responsabilidad penal y las sanciones, no hizo hincapié en la prevención como correspondería. Así se ve a los Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) como sujetos peligrosos por violar la ley, en una mirada sancionatoria, y no en la protección real de derechos de los mismos.
El Sistema Integral de Protección a la Infancia en México es compuesto por las dependencias gubernamentales que pueden apoyar a la protección de los derechos de los niños. Procuradores, fiscalías, policías, educación pública, salud, derechos humanos, tribunales, todos en una misma mesa de trabajo. Aun así no es suficiente. Es necesaria la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, de los núcleos familiares, de universidades y de un sector grande de la población y medios de comunicación.
En conclusión, para un sistema de protección real de los derechos de NNyA se deben profundizar las acciones positivas de políticas públicas que promuevan la equidad y la justicia, y en la reducción de las violencias, reforzando presupuestos y dispositivos no tradicionales. La trata, la explotación sexual, el embarazo adolescente, se solucionarían con educación sexual integral con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género.
Los organismos independientes de los DDHH adquieren un rol importante para la garantía de estos derechos. Deben promoverse acciones de protección y del cumplimiento del mandato de la CDN”.
IV Torturas y otros tratos inhumanos, mecanismos locales
“La Defensoría porteña trabaja como un mecanismo local. Se actúa sobre las primeras horas de detención, presentándose en las alcaldías donde son llevados los detenidos, para velar por los derechos de los mismos en estos momentos claves. Y el monitoreo va más allá de este primer momento, ya que desde las distintas áreas internas actuamos sobre la prevención y también en el control de los distintos actores o instituciones estatales vinculadas.
Es fundamental resaltar desde las Instituciones defensoras de los DDHH, la Memoria, Verdad y Justicia, así como destacar todo lo realizado por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, ya que las vulneraciones a los DDHH en Argentina en el nefasto período de 1976-1983 con los Centros de detención y tortura clandestinos y cárceles ilegales que se esparcieron por el país, no deben olvidarse. Es nuestro rol velar porque nunca jamás vuelvan a repetirse.
La tortura es una práctica que debe proscribirse dentro de lo que es el sistema normativo y constitucional, sin excepciones debido a su enorme gravedad que afecta a la misma dignidad humana. No puede romperse por motivos de que amenace la vida de una nación, ni cualquier otro motivo que de manera errónea se haya utilizado para justificar.
No obstante, en los Estados mexicanos no contamos con mecanismos locales propiamente dichos, pero sí con acciones puntuales como capacitaciones a los funcionarios sobre “malos tratos”. Y si bien no hay estados perfectos, en algunas Comisiones como la de Sinaloa no se reciben quejas puntualmente de dichas situaciones. De esta forma, se emitieron recomendaciones sobre hechos anteriores sobre casos donde fuerzas policiales ejercieron técnicas espeluznantes de tortura a personas detenidas y sus familiares. La importancia de las recomendaciones que nuestras instituciones pueden realizar queda demostrado con el caso trabajado en la mesa, donde el estado asumió a su cargo tanto las disculpas públicas, como afrontar y hacerse cargo de todos los gastos y ayudas necesarias para retribuir en alguna forma posible a las víctimas de la tortura. Lamentablemente no siempre el estado responde como debería, como sucede en el caso comentado de la mujer presa en Chiapas desde hace dos años, donde la justicia no reconoce la tortura. Es por eso que las instituciones deben fortalecerse y se propuso la colaboración de la Defensoría porteña y de ADPRA.
Como Organismos defensores de DDHH tenemos la obligación de hablar con la verdad sobre los hechos de tortura, ya que el Estado muchas veces pretendió ocultarlo con meras excusas de “no manchar” la gestión, el turismo, etc. Muchas CNDH estatales son acusadas de defender solamente criminales, en un contexto donde la opinión pública ya los condena como criminales y no como sujetos de derechos que pueden estar por ejemplo en debido juicio. Es necesario reconocer la existencia de las torturas como un hecho y darle visibilidad”.
