Más de 9 mil víctimas de trata han sido rescatadas en allanamientos y operativos, la mitad de ellas por sufrir explotación sexual o proxenetismo. La cifra habla de la gravedad y extensión de la problemática en todo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires miles de anuncios callejeros con oferta de comercio sexual también son investigados desde la Dirección de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia nacional y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas dependiente del Ministerio Público Fiscal, porque encubren en muchos casos circuitos de trata y de proxenetismo.
Las respuestas del Gobierno porteño han sido hasta ahora insuficientes. Si bien es un tema de altísima complejidad, la dilución de las tareas de control en distintos organismos y la falta de programas específicos para la inclusión social laboral y educativa de las víctimas relativiza la efectividad de la tarea estatal. La explotación sexual y el tráfico de mujeres y adolescentes son delitos que incluimos en las múltiples expresiones de violencia de género y afectan particularmente la vida de las mujeres. Por ello, el compromiso de los organismos del Estado y del conjunto de la comunidad debe potenciarse y ampliarse. En consonancia con esta idea, la Defensoría suma su adhesión a la campaña No Seas Cómplice de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación.
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