En su ponencia, el Ombudsman porteño solicitó la incorporación de las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires y de la Defensoría Pública de la Ciudad al cuerpo colegiado de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo más allá de la presencia del Defensor del Pueblo de la Nación. “Las Defensorías representamos los derechos de los vecinos y vecinas de la Ciudad y de la provincia que hoy sufren las consecuencias del incumplimiento de los puntos establecidos por la Corte Suprema”, subrayó al respecto.
Esos puntos habían dictaminado el compromiso a la:
-Mejora de la calidad de vida.
-Recomposición al ambiente en todos sus componentes -agua aire y suelo-.
-Prevención de daños con suficiente grado de predicción.
Por otro lado, Amor manifestó la necesidad de generar políticas ordenadas, programadas y con presupuestos bien claros, denunciando que muchas veces las audiencias terminan convirtiéndose en una formalidad que no conlleva a acciones concretas. “No se trata de diagnósticos sino de políticas ejecutables, controlables por la sociedad y con recursos para que se cumplan”, expresó.
Además, propuso la creación de juzgados medioambientales para que se establezcan penas y condenas para aquellas personas que cometan delitos ambientales.
