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Buena recepción de los tribunales provinciales a un pedido de la Defensoría

CABA, Misiones, Salta y Río Negro siguieron las recomendaciones de esta Defensoría del Pueblo, que le envió un oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) informándola de las irregularidades que se denunciaron tras la aplicación del Sistema de Reconocimiento Facial.

El camino judicial se inició con el oficio que el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, le envió al Presidente de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, en la que le transmitió su preocupación por la gran cantidad de denuncias que recibió la Defensoría del Pueblo porteña por parte de ciudadanos que criticaron la aplicación del denominado “Sistema de Reconocimiento Facial”, que comenzó a utilizarse el pasado 24 de abril.

Las denuncias tuvieron que ver con la detección de diversas deficiencias en el marco de esta nueva modalidad de identificación que redundaron en detenciones arbitrarias llevadas a cabo por los distintos errores que la base de datos presenta. Concretamente se detuvo a ciudadanos que finalmente no resultaron ser las personas requeridas judicialmente, vulnerando de esta manera su derecho fundamental a la libertad.

Los errores detectados residen, principalmente, en que muchas de las comunicaciones de rebeldía, captura y detención enviadas mediante oficio por los distintos juzgados del país al Registro Nacional de Reincidencia carecen de datos filiatorios, presentan errores de tipeo en datos fundamentales y consignan otros datos que no habrían sido constatados (como la inclusión de un DNI que no obra en el expediente o la inclusión de uno que sí obra pero no se ha verificado que efectivamente pertenezca a la persona que lo suministró). Asimismo, se registraron casos en los que el pedido de detención había quedado sin efecto pero nunca se había comunicado a los organismos respectivos.

También se constató una dificultad al momento de que personal policial –desde el lugar- intentase efectuar la consulta con el Juzgado requirente, llevando ésta bastante tiempo hasta lograr la comunicación efectiva para recibir directivas.

La presentación de la Defensoría buscó que todos los Juzgados del país adopten las medidas necesarias tendientes a subsanar y corregir los errores consignados en las comunicaciones efectuadas al Registro Nacional de Reincidencia, en pos de soslayar las consecuencias que ello acarrea. Asimismo se requirió la instrumentación de una ágil comunicación entre las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales, para poder evacuar las consultas al momento que se procede a la detención de un ciudadano.

LA RESPUESTA DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES:

Los máximos tribunales de Salta, Misiones, Río Negro y de la Ciudad de Buenos Aires le comunicaron al Defensor del Pueblo porteño que les solicitaron a los magistrados y funcionarios del Fuero Penal de sus territorios que arbitren los medios necesarios para que en las comunicaciones al Registro Nacional de Reincidencia se consignen todos los datos de manera completa y correcta, y que de igual manera procedan a efectuar el control de aquellas comunicaciones que ya se hayan realizado con rebeldías, capturas y detenciones.