La Defensora del Pueblo Adjunta María América González y su equipo elaboraron un informe en el que analiza la problemática y plantea que resulta imprescindible para garantizar el acceso universal al medicamento, que es un bien social, que la autoridad nacional correspondiente disponga:
a) El retroceso de los precios de los medicamentos que hubieran sido modificados unilateralmente por la industria farmacéutica entre el 13 de noviembre y el 10 de diciembre de 2015, a los valores vigentes con anterioridad a esa fecha;
b) Continuar la política de acuerdo con la industria farmacéutica en los términos que se vinieron desarrollando desde el año 2007, en el que las autoridades nacionales autorizaban la modificación de los precios de los medicamentos, en razón de la estructura de costos y la razonable ganancia que deba obtener la industria farmacéutica.
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