Veintitrés años atrás, Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense en lo que se conoció como “la Masacre de Budge”. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2012, el Congreso Nacional sancionó la ley 26811 en cuyo primer artículo instituye el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo es un órgano creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de sus misiones principales es velar por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las fuerzas de seguridad. En ese marco, a través de la Coordinación Operativa de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional, la Defensoría viene trabajando intensamente en casos de violencia y abuso policial que involucran a efectivos de las fuerzas de seguridad federales que cumplen funciones de seguridad local y de la Policía de la Ciudad.
Resulta de suma relevancia destacar que en este contexto actual de emergencia sanitaria, en el cual el Gobierno Nacional decretó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” con el objeto de evitar la mayor propagación del virus COVID-19 y el colapso del sistema sanitario, el personal de las fuerzas de seguridad constituye un pilar fundamental para asegurar el cumplimiento de la medida, mas esa función debe ser ejercida en el marco del más absoluto equilibrio a fin de no cometer abusos ni excesos que quebranten las garantías de cada ciudadano, teniendo siempre como eje rector los derechos humanos.
Y, en ese contexto tan particular, este organismo viene monitoreando continuamente el accionar de las fuerzas de seguridad, lo que motivó la presentación de varias denuncias penales por hechos que involucrarían a personal de la Policía de la Ciudad, el inició de varios trámites en los cuales se está trabajando para recabar todos los elementos de interés con el objeto de esclarecer las conductas investigadas y dictar las recomendaciones que pudieran corresponder.
En este mismo sentido, desde la Unidad de Aplicación del Mecanismo de Prevención de la Tortura del organismo se vienen desarrollando tareas de monitoreo de las detenciones en el marco del DNU 297/2020 en el territorio porteño, así como también el seguimiento y monitoreo de todos los lugares de encierro de la Ciudad con el fin de asegurar las condiciones dignas y adecuadas a las personas privadas de su libertad, el derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos fundamentales, en espacial a la vida e integridad personal y la salud.
Es por ello que hoy la Defensoría del Pueblo ratifica una vez más su compromiso para continuar trabajando intensamente en el monitoreo del accionar de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires con el propósito de contribuir proactivamente en la creación de un ambiente propicio para el pleno disfrute y goce de todos los derechos humanos de los ciudadanos, partiendo de la premisa de que la fuerza de seguridad es una institución que forma parte del estado de derecho, depositaria del poder coercitivo del estado y que cada uno de sus integrantes detentan innumerables atribuciones que deben ejercerse en el marco del más absoluto equilibrio a fin de no cometer abusos ni excesos que lesionen derechos y –además- socaven el respeto y la confianza en las instituciones que justamente fueron creadas para brindar confianza a la población.
