Asimismo, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por «privar de Justicia a toda la sociedad», repudió el fallo y acompañó copia de la demanda presentada en sede internacional contra el Estado argentino.
Luego del repudio público realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, esta tarde presentó un pedido ante la CIDH y una denuncia a la CSJN en las que subraya la lucha por los Derechos Humanos de las últimas décadas y la conquista permanente de situaciones que son el reflejo del enjuiciamiento del castigo. El texto repudia terminante la sentencia de los jueces en la mayoría: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.
El fallo es inconvencional e insconstitucional porque está conmutando la pena en situaciones donde está prohibida la conmutación y prohibido el indulto. La sentencia expresada por la mayoría no es un fruto racional del orden jurídico, esta sentencia corroe y lastima las bases de la institucionalidad Argentina. En los términos previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional, esta sentencia significa un atentado contra el orden institucional y el sistema democrático y desata una crisis institucional insospechada.
Desde 1994, la comunidad argentina ha adoptado un nuevo contrato político que es un paradigma en el cual se jerarquiza constitucionalmente los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. A partir de esa jerarquización, la Argentina ha decidido revisar su pasado, investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Esta decisión de los ciudadanos argentinos expuesta a partir de la Constitución sancionada en 1994 nos coloca a todos los Argentinos frente a la comunidad internacional con una responsabilidad que es demolida por los tres jueces de la corte, porque la Argentina deja de asumir precisamente ese compromiso relacionado con la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Con lo cual se pulverizan las bases de certidumbre destacadas por el derecho internacional de los derechos humanos y la Argentina queda colocada a expensas de una sanción internacional por intermedio de una sentencia de tres integrantes de la Corte.
La denuncia ante la Corte declara que los tres lamentables votos de la mayoría configuran una privación de Justicia a toda la sociedad, que la paz es la esencia íntima del Derecho, que es siempre un instrumento al servicio de ella y una técnica para la solución pacífica de controversias. Paz y razonabilidad son estandartes mínimos y básicos de toda decisión estatal, y los tres votos políticos en el marco de las conquistas de los Derechos Humanos vulneran el valor justicia y deterioran a la institución justicia. Tres votos políticos que son una ignominia para las víctimas y para la Argentina en su conjunto. Tres votos que han quedado registrados en la historia como una nueva vergüenza que festejan los genocidas pero mancillan la memoria la verdad y la justicia. Tres votos políticos que reafirman como nunca la convicción de que el punto de partida lo lanzó como un grito en nuestra historia Julio Cesar Strassera: “Sr. Presidente, Nunca Más” y que debemos reafirmar. Recordando siempre que los derechos se conquistan y se defienden. La Argentina los había conquistado. Ahora hay que volverlos a conquistar y defenderlos. Ni un paso atrás. Por la memoria de quienes no están. Por el presente del Pueblo Argentino. Por el futuro de la Patria.
