La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, participó de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía de la Nación, que determinará los criterios por los cuales un hogar recibirá o no subsidios parciales o totales a los servicios de gas y luz.
En su intervención, remarcó: “El acceso a las fuentes de energía, agua potable y cloacas hace al ejercicio de los derechos humanos. Son servicios públicos esenciales, cuyo acceso en condiciones adecuadas y suficientes resultan imprescindibles para el desarrollo de la vida. Nuestra función y misión, como Defensoría, es la de proteger, promover y defender los derechos de las personas, en este caso de los usuarios”.
En relación al contexto energético general y la situación de los ingresos en particular, Muiños dijo: “La República Argentina y la región AMBA en particular transitan desde hace décadas una profunda crisis energética y un descalabro regulatorio y tarifario”. Y agregó: “Esa situación se pretende comenzar a resolver con el colapso y el descalabro de las economías familiares, generado por una fuerte devaluación, una altísima inflación, combinadas con salarios y jubilaciones a la baja”.
En el mismo sentido brindó algunas cifras sobre el incremento tarifario que se plantea: “Tenemos algunas estimaciones de consumo con el nuevo cuadro tarifario tomando como base a Edesur. Cabe destacar que la resolución que actualizó el precio estacional de la energía les quitó todos los subsidios a los organismos públicos que prestan servicios de salud y educación. A partir de este mes, el costo de la energía se elevará en un 194% en esos establecimientos”. Y añadió: “Además, se producirán fuertes subas en los usuarios comerciales. Según cálculos no oficiales, un pequeño comercio que consume alrededor de 212 kWh pasará de pagar una boleta mensual promedio de $8100 a una de $39.500, una suba del 389%. Asimismo, un comercio grande que consume 3900 kWh pasará de pagar un promedio de 150 mil pesos a otro de 590 mil pesos, una suba de 293%”.
Para finalizar, la Defensora evocó una frase del Sumo Pontífice: “Pedimos que cualquier decisión que se tome tenga especialmente en cuenta la necesidad de contribuir a la paz social. Como nos recuerda el Papa Francisco, ‘la paz social es trabajosa, artesanal. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esa paz social que es responsabilidad de todos nosotros, pero primeramente del propio Estado’”.
Canasta Básica Energética (CBE)
La propuesta oficial presentada por la Secretaría de Energía prevé determinar los ingresos totales del grupo conviviente y subsidiar los servicios de luz y gas únicamente a aquellas familias cuyo costo del CBE exceda el 10% del ingreso conjunto, tomando en consideración también otros parámetros como las zonas bioclimáticas del país.
No accederán a subsidios aquellos que hayan comprado dólar ahorro, tengan prepagas, hayan viajado a países no limítrofes o quienes paguen más de $50.700 de telefonía celular en marzo, entre otros puntos. Asimismo, se analizarán los consumos en billeteras virtuales y los gastos con tarjetas de crédito.
Además, se plantea que ninguna «actividad productiva» que utilice al gas y la luz como “insumo” podrá recibir subsidios, excepto aquellos usuarios que lo puedan justificar, quienes deberán iniciar un trámite en esa secretaría.
