El expediente 3473-F-2016 está siendo tratado en la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura y tiene por objeto “garantizar el derecho de los consumidores y usuarios de servicios educativos a la información y la protección frente a publicidades ilícitas.” Entre varias cuestiones, la ley trabaja el “deber de información” sobre los costos, los establecimientos, los niveles, las carreras, los cursos y los títulos de los servicios educativos de gestión privada. Al mismo tiempo, también hace referencia a la necesidad de regular la publicidad para que se encuentre dentro de la “legalidad”, que sea “veraz”, que tenga “buena fe y con observancia de valores éticos”, basada en la “lealtad”, y con “responsabilidad social”.
En la misma comisión también se analiza un proyecto de la diputada Natalia Fidel, del Bloque Suma +, acerca de la necesidad de avisar en forma anticipada los aumentos de aranceles en instituciones de educación superior de gestión privada.
En razón de contener denominadores comunes, los equipos técnicos de la Defensoría del Pueblo y los asesores de la diputada Fidel han acordado en avanzar con un proyecto único de consenso que contengan ambas temáticas.
