Discapacidad

Tapabocas inclusivos para personal de servicios esenciales

11 septiembre, 2020
La Defensoría del Pueblo se hizo eco del reclamo de organizaciones que representan a personas sordas e impulsa su uso para facilitar la comunicación y proteger los derechos de este sector de la población.
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Como es de público conocimiento, en la Ciudad de Buenos Aires es obligatorio el uso de tapaboca en locales comerciales, dependencias de atención al público, transporte público o privado cuando haya dos o más personas, y para circular y permanecer en el espacio público.

Como consecuencia de la adopción de esta medida preventiva, activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas sordas e hipoacúsicas reclaman que los trabajadores de servicios considerados esenciales -tales como cajeros, agentes de policía o personal de la salud- utilicen tapabocas transparentes para evitar que este elemento se transforme en una barrera para la comunicación con este grupo poblacional. Argumentan que el uso del barbijo convencional, produce un doble obstáculo: distorsiona el sonido y dificulta la comprensión a la vez que impide la lectura de los labios.

Además, señalan la necesidad de capacitar al personal que se desempeñe en atención al público en el uso de la lengua de señas. Sin embargo, cabe aclarar que no todas las personas sordas utilizan esta forma de comunicación, ya que muchos aprendieron a leer los labios o adquirieron la hipoacusia durante su adultez.

En línea con estos reclamos, la Coordinación Operativa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la casa inició un trámite de oficio (21831/20) para trasladar el pedido a las autoridades nacionales y de la Ciudad. Por otra parte, se le remitió el correspondiente oficio e informe a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (CoPIDis) y la Agencia Nacional del Discapacidad (ANDis), solicitando información sobre la implementación de esta medida.

El uso de tapabocas transparentes en personal de servicios esenciales daría una respuesta a las demandas de la comunidad sorda, en el contexto de la pandemia, y se corresponde con la obligación del Estado de fomentar prácticas más equitativas e inclusivas.

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