Inquilinos y Consorcios

Los alquileres en la Ciudad subieron más del doble en dos años

30 enero, 2020
Una familia inquilina que pagaba 10.000 pesos y renovó contrato en diciembre de 2017, terminó su contrato a fines de 2019 pagando cerca de 21.000 pesos.
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En los últimos 24 meses, los contratos de alquiler de vivienda se renovaron con un 40% por encima del valor anterior y ajustes semestrales del 15%. Estos no son datos técnicos levantados de una página web, sino el resultado de los contratos que los inquilinos firmaron en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la atención personalizada que realiza el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.

Como los aumentos los fija arbitrariamente el mercado inmobiliario, para los próximos dos años las renovaciones de contratos se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%. Es decir que el mercado inmobiliario está previendo una espiral inflacionaria de más del 50% anual.

La continuidad en el alquiler es fundamental para cualquier grupo familiar o inquilina con hijos a cargo, que necesitan arraigo barrial, escolar y sanitario. Pero el alquiler de vivienda familiar
en la Argentina es de dos años, y el locador o la inmobiliaria que lo representa fija libremente las condiciones de cada nuevo contrato que se firma.

Durante el mes de enero, entre consultas y entrevistas presenciales, la Defensoría del Pueblo ya recibió cerca de 300 casos donde se denuncian diferentes situaciones: un 41% es de inquilinos que finalizan contrato y no tienen dónde ir, o no pueden renovar porque le piden un 50% de aumento, o están adeudando más de tres meses de alquiler o expensas, o quieren rescindir por incapacidad de poder seguir pagando el ajuste impuesto al contrato.

Otro 26% de los vecinos y vecinas se acercaron porque no le devuelven el depósito al finalizar el contrato, no se liquida expensas extraordinarias, no le entregan factura para deducir ganancias, le cobraron ilegalmente comisión inmobiliaria o le realizaron contratos inferiores al plazo mínimo que establece la ley.

Un 14% tuvo problemas con los servicios públicos, en especial los cortes de gas, cortes en luz de obra en edificios nuevos o cobro indebido del impuesto inmobiliario.

El estado de la vivienda –humedad, filtraciones, roturas de equipamiento por desgaste ante el paso del tiempo- convocó a un 15% de inquilinos durante este mes de enero, que desean
saber por qué no tienen respuesta sobre el deterioro del inmueble. Hacinamiento, plagas o problemas con los servicios públicos los inquilinos e inquilinas de hoteles familiares.

El perfil de la demanda muestra el lado crítico del que no tiene otro acceso a la vivienda que a través de un alquiler y en las condiciones que impone libremente el mercado inmobiliario. A la vez, es claro que mientras el precio sea libre y los contratos sean cortos, los inquilinos consultan o reclaman sobre todo en situaciones límites: no pueden seguir pagando, no recuperan el depósito, hace tres meses que no tienen gas o tienen la habitación totalmente inutilizada por filtraciones o humedad.

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