Derechos Urbanos y Patrimonio

La Defensoría del Pueblo estuvo presente en la movilización "Se va Buenos Aires"

3 noviembre, 2021
La institución participó el pasado sábado 30 de octubre de la movilización “Se va Buenos Aires”, convocada por asociaciones socioambientales y vecinales porteñas en defensa del patrimonio urbano. 
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La convocatoria, que se desarrolló frente a la Legislatura porteña, tuvo como principales ejes la denuncia contra la "demolición sistemática del patrimonio" y la "privatización del espacio público". Las organizaciones convocantes también exigieron “control vecinal de los organismos que deciden sobre el patrimonio porteño”.

El avance sobre edificios históricos y su reemplazo por torres es una de las principales preocupaciones que se expresaron en el reclamo a los legisladores oficialistas. Las organizaciones denuncian que la "demolición sistemática" tiene como trasfondo el incumplimiento de la ley 3056, aprobada en 2009, a través de la cual se creó el Régimen Especial de Protección Patrimonial. La norma estipula que los inmuebles construidos antes de 1941 deben ser evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales para decidir si pueden ser demolidos.

“Hay muchos inmuebles que están catalogados con la protección cautelar, pero que no han sido incorporados de manera definitiva en el catálogo de preservación patrimonial. Últimamente, muchos de ellos se han eliminado de ese catálogo preventivo, habilitando la construcción de torres donde antes no estaba permitido”, explicó la arquitecta Bárbara Rossen, directora de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente de la Defensoría, en el programa “La Defensoría con vos” emitido el Radio la Red.

“También ocurre que cada vez tenemos menos espacios verdes. La reforma del código urbanístico de 2018 autorizó la construcción de edificios en barrios históricamente de casas bajas, lo cual genera una disrupción morfológica en el entorno, y los vecinos sienten que están perdiendo calidad ambiental de sus barrios”, agregó Rossen, que además estuvo presente en la movilización

Uno de los principales reclamos tiene que ver, precisamente, con el código mencionado por Rossen. El mismo no se pudo implementar por la pandemia, y recién ahora se empiezan a ver sus efectos al haberse retomado la actividad de la construcción. Las organizaciones vecinales reclaman dejar sin efecto dicho código, ya que el mismo no fue analizado ni consensuado.

“Se están usando los convenios urbanísticos para favorecer ciertos negocios inmobiliarios, y no para resolver cuestiones que tienen que ver con el bien común”, explicó Rossen, que también forma parte del Colectivo de Arquitectas.

Desde la Defensoría del Pueblo se decidió acompañar no sólo la movilización sino los reclamos de los vecinos y vecinas, a través de la apertura de trámites en el organismo y el pedido de participación del organismo en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, para poder formar parte de las audiencias donde se deciden estas cuestiones.

“El desarrollo de una ciudad no se mide solo en términos de la especulación inmobiliaria. Una ciudad se vive en calidad por lo que son sus espacios públicos y por las actividades que ofrece, y nosotros estamos cada vez con menos espacios públicos”, argumentó Rossen, enfatizando la importancia de la preservación de la tierra pública en manos del Estado para promover el bienestar de toda la ciudadanía.

“Después de la pandemia, algo tiene que cambiar, no podemos seguir construyendo la ciudad como antes, la conciencia de la cuestión ambiental tiene que ser un compromiso político y la sustentabilidad el eje”, finalizó.

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