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Desalojos en villas de la Ciudad de Buenos Aires

7 mayo, 2021
La Adjuntía a cargo de Bárbara Bonelli, la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat, la Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales, la Coordinación Operativa de Villas y la Conducción Ejecutiva de Descentralización elaboraron un informe para analizar la problemática durante la pandemia de COVID-19.
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El informe además busca indagar las políticas implementadas por el Ejecutivo Porteño y las acciones desarrolladas por la Defensoría en este contexto.

Esta problemática si bien existe desde hace décadas, en los últimos años ha crecido de manera exponencial, recrudeciendo el empobrecimiento y las condiciones de vida de los habitantes de estos barrios. Entre los factores que se asocian a esta complejidad, pueden mencionarse la profunda crisis económica y social, la falta de acceso al mercado del suelo y la vivienda para amplios sectores de la sociedad, la densificación y crecimiento vertical en las villas, los altos niveles de hacinamiento y un marcado proceso de inquilinización en todo el territorio de la Ciudad y del país.

Asimismo, en los últimos meses, los efectos de la pandemia de COVID-19 tuvieron un impacto negativo en las economías familiares y, en gran medida, contribuyeron a recrudecer la situación del alquiler informal y los conflictos suscitados en torno a la relación entre inquilino/a y propietario/a.

En este contexto, las medidas del Gobierno nacional han ido en línea con tutelar los derechos fundamentales de la población durante el transcurso del aislamiento dispuesto, principalmente a través de recursos normativos ad hoc. Sin embargo, las acciones implementadas han sido insuficientes, evidenciando un crecimiento de los desalojos en los barrios vulnerables y no han alcanzado a proteger a la población expulsada de sus viviendas.

Desde la Defensoría del Pueblo se estableció la difusión de la normativa nacional sobre prohibición de desalojos y aumentos del alquiler (DNU 320/20 y prórrogas) por los distintos canales de comunicación existentes en los barrios y mediante flyers. Como segunda parte del abordaje, se estableció un protocolo de actuación por el cual se trabajó articuladamente con los organismos del Gobierno de la Ciudad, ya sea el IVC o la SECISYU, para realizar asesoramiento a los/as inquilinos/as y explicar los alcances del DNU y ofrecer la instancia de Mediación, Conciliación y Arbitraje (CMCA). En las mediaciones se intenta arribar a acuerdos entre las partes, siempre cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente.

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