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60 profesionales de esta Defensoría, encabezados por la Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales, participaron ayer, en calidad de veedores, de un nuevo relevamiento del Gobierno porteño sobre la gente en situación de calle.
Lo organizaron la Defensoría y el Observatorio de Innovación Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Participaron Gabriel Fuks y Livia Ritondo.
El relevamiento fue realizado por la Defensoría y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en los complejos habitacionales San Antonio y Santiago de Compostela.
El Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor propuso una serie de medidas para paliar la crisis habitacional que padecen miles de personas en la CABA.
El Programa de Estudios Tributarios e Impositivos para la Administración Pública de la Defensoría porteña elaboró un nuevo informe sobre Créditos Hipotecarios UVA donde, además de incorporar una mirada retrospectiva luego de 43 meses de vida de la unidad, estima cuál ha de ser el impacto en enero 2020 cuando las cuotas de esos créditos dejen de estar congeladas.
El Defensor del Pueblo Adjunto se acercó al complejo invitado por los vecinos debido a las problemáticas que presenta el lugar. Los vecinos denuncian un abandono sistemático del Estado ante las condiciones deplorables en las que se encuentra el edificio, sobre todo en sus partes comunes.
Durante septiembre, la Defensoría acompañó a las familias en las relocalizaciones y mudanzas.
En un amparo presentado con el patrocinio letrado del Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría, se ordenó como medida cautelar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice el acceso a una vivienda digna a un grupo familiar integrado por una jefa de hogar y sus dos hijos menores de edad, uno de ellos trasplantado.
Se trata de unas cien familias que viven en un edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140. Tras una negociación de la que participó el Defensor del Pueblo porteño se suspendió el desahucio.
A partir de un pedido de los vecinos, se realizó un encuentro en donde la Defensoría intermedió para que se diera un diálogo entre inquilinos y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
