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El acuerdo establece la creación de una mesa de trabajo integrada por todos los actores que abordan la temática en la Ciudad que, por primera vez, trabajarán juntos para definir la metodología del censo anual dispuesto por la ley 3706.
La Defensora del Pueblo Adjunta acompañó a los vecinos y las vecinas en una recorrida realizada en el marco de la Mesa de Trabajo del barrio.
Fue invitado a exponer en la mesa de “Vivienda, hábitat e integración sociourbana”, donde expertos de todo el campo social disertaron sobre las problemáticas en torno a la situación crítica que se atraviesa en torno a la carencia de una vivienda.
La Defensora Adjunta del Pueblo, Bárbara Bonelli, recorrió el lugar junto a Patricio Clare, titular de la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat de la institución, ante los reclamos sobre un edificio que mantiene algunos problemas estructurales.
Fue en el marco de una causa en la que resolvió suspender los desalojos en aquellos inmuebles donde habiten personas en situación de vulnerabilidad.
En el marco de una acción de amparo presentada por el Programa de Patrocinio Jurídico Gratuito del Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría, se obtuvo una medida cautelar para proteger el derecho a la vivienda digna de una familia monoparental compuesta por una mujer y su hija de 8 años, quien padece mielomeningocele, cuadriplejia, hidrocefalia y espina bífida.
Es con el objetivo de realizar un seguimiento de las acciones llevadas a cabo por esa repartición para asistir a las personas en situación de calle, en el contexto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del COVID-19.
La Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat de la Defensoría elaboró un informe que detalla las disposiciones que se tomaron durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
La Defensoría del Pueblo debió arbitrar acciones judiciales urgentes durante la cuarentena para garantizar el inmediato cumplimiento de una medida cautelar que le asegure a B.N.L. -de 6 años de edad- una vivienda adecuada a su condición de transplantado renal y que le brinde condiciones de aislamiento apropiadas a fin de prevenir el contagio del virus COVID-19, ya que por tratarse de un paciente de riesgo el contagio con el virus podría tener consecuencias gravísimas sobre su salud y su vida.
La Defensoría elaboró un informe diagnóstico sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recientemente creado por el Gobierno Nacional y destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad, a partir de las consecuencias ocasionadas por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del Coronavirus (COVID 19).
