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El informe fue elaborado para verificar las condiciones de habitabilidad y la accesibilidad a estos servicios, bajo el entendimiento de que constituyen derechos fundamentales, indispensables para el goce de otros derechos humanos.
El mismo se realizó para conversar con los vecinos y las vecinas sobre problemáticas vinculadas con la seguridad.
A pedido del Defensor Adjunto Arturo Pozzali, un equipo de integrantes de la Defensoría del Pueblo se reunió con los Senadores Julio Cobos y Mario Fiad para discutir sobre la situación de los deudores de préstamos hipotecarios UVA.
Previendo las dificultades que implicaría la pandemia de COVID-19 para propietarios e inquilinos informales en las villas, la institución intensificó el trabajo que históricamente venía desarrollando para mejorar el tipo de vínculo que se establece en esta clase de barrios en torno al alquiler para el uso como vivienda familiar.
La Defensoría recibió una serie de denuncias por parte de vecinos/as de distintos barrios de la Ciudad que no fueron atendidas hasta el momento por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
El acuerdo establece la creación de una mesa de trabajo integrada por todos los actores que abordan la temática en la Ciudad que, por primera vez, trabajarán juntos para definir la metodología del censo anual dispuesto por la ley 3706.
La Defensora del Pueblo Adjunta acompañó a los vecinos y las vecinas en una recorrida realizada en el marco de la Mesa de Trabajo del barrio.
Fue invitado a exponer en la mesa de “Vivienda, hábitat e integración sociourbana”, donde expertos de todo el campo social disertaron sobre las problemáticas en torno a la situación crítica que se atraviesa en torno a la carencia de una vivienda.
La Defensora Adjunta del Pueblo, Bárbara Bonelli, recorrió el lugar junto a Patricio Clare, titular de la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat de la institución, ante los reclamos sobre un edificio que mantiene algunos problemas estructurales.
Fue en el marco de una causa en la que resolvió suspender los desalojos en aquellos inmuebles donde habiten personas en situación de vulnerabilidad.
