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Fue organizado por la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombusdman y la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, con la finalidad de compartir iniciativas para el intercambio de buenas prácticas.
En un escrito firmado por el organismo y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, manifestó su preocupación ante el incumplimiento de los protocolos sanitarios necesarios para llevar adelante esta tarea por parte del Gobierno porteño.
El Presidente de ADPRA, Alejandro Amor, se solidarizó con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, ante las amenazas de destitución que recibió por parte del Presidente de ese país, Nayib Bukele.
Fue elaborada por las adjuntías a cargo de Silke Arndt y Paula Streger y el Área de Atención a Damnificados y Testigos de Violencia de la institución ante el alarmante incremento de estafas y ciberdelitos producidos durante el aislamiento y distanciamiento sociales, preventivos y obligatorios decretados a causa de la pandemia de COVID-19.
Los Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina dialogaron sobre la situación sanitaria y proyectaron el trabajo en conjunto para 2021.
La propuesta impulsada por el Programa de Atención de la Niñez, Adolescencia y Género y la Coordinación Operativa de Villas, está vinculada a la adjudicación de viviendas en los barrios en proceso de integración socio-urbana.
La publicación fue elaborada por el Programa de Observación y Asistencia para el Fortalecimiento de las Defensorías del Pueblo (POADEP) y busca, una vez más, contribuir en la consolidación de los lazos que unen a las distintas Instituciones de Derechos Humanos de la región y del mundo.
El texto había sido enviado ayer por el Defensor del Pueblo Alejandro Amor. La abogada estaba al frente del área de Derechos Humanos y Seguridad de la institución.
El material sintetiza las acciones más destacadas de la institución para promover y proteger los derechos de quienes viven, trabajan, estudian y transitan por la Ciudad de Buenos Aires.
Tuvo como objetivo hacer un balance de los avances del Programa “Empresas de Propiedad Estatal y Derechos Humanos”, iniciativa impulsada por el organismo, la Red Argentina del Pacto Global, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el programa CERALC, para la incorporación de estándares de respeto a los derechos humanos.
