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El Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría alerta sobre las consecuencias negativas de este fenómeno característico de la Ciudad y llama a una mayor regulación del sector.
Se trata de una publicación de la institución que repasa las novedades normativas en materia de alquileres, con el objetivo de que los inquilinos de la Ciudad conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos valer.
El Programa de Atención de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo recibe a diario denuncias sobre incumplimientos de la normativa que regula la actividad.
El Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría reportó un incremento en los reclamos recibidos durante septiembre por incumplimientos de la normativa nacional y local. Las denuncias y consultas alcanzaron las 700, el doble que el mes anterior.
El Gobierno Nacional publicó hoy en el Boletín Oficial la extensión del DNU 320/20 hasta esa fecha. La norma protege el acceso a la vivienda por alquiler durante la emergencia por la pandemia. También alcanza el alquiler profesional y por trabajo de cooperativas y PyMES.
La institución publicó una nueva guía básica de derechos donde repasa las principales novedades que trae la flamante Ley 27551 de Alquileres y el DNU 320/20 de emergencia por el COVID-19 y su aplicación en coincidencia con la nueva normativa, así como también cuestiones propias de la Ciudad como la prohibición de cobrarle comisión inmobiliaria al inquilino/a de una vivienda.
Frente al aumento de denuncias y consultas recibidas en las últimas semanas, el Programa de Atención de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo recuerda que en la Ciudad de Buenos Aires está plenamente vigente la Ley 5859 y prohibido el cobro de una comisión inmobiliaria al inquilino/a de una vivienda.
Ya rige la nueva Ley de Alquileres pero regula el mercado junto al Código Civil y Comercial y dos decretos. Aunque las normas no se contradicen sino que se complementan, se trata de una situación inédita que puede causar desconcierto. La Defensoría te cuenta qué dice cada una de ellas.
Tras la sanción definitiva de la Ley Nacional de Alquileres, el Programa de Atención a Inquilinos de la institución redactó un modelo de contrato que podrá ser utilizado en todas las relaciones de alquiler de vivienda del país.
El Programa de Atención a Inquilinos informó que el perfil de las demandas se modificó con respecto a semanas anteriores: de las 620 consultas recibidas entre el 20 y el 30 de abril, prácticamente la mitad estuvo vinculada a dificultades para afrontar el pago y al incumplimiento del decreto que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria.
