El Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se propuso el desafío de confeccionar un registro estadístico sobre trata de personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recolecte, concentre y sistematice los datos producidos por los distintos poderes del Estado, organismos e instituciones nacionales y locales que intervienen en la detección, persecución y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de brindar información oportuna, consistente, exacta, coherente, confiable y comparable y a favorecer la accesibilidad a la misma.
“La medición de la delincuencia en general y la trata de personas en particular es un desafío porque gran parte de la conducta sigue sin ser detectada y denunciada” (UNODC).
La opacidad o falta de accesibilidad a la información sistemática y actualizada sobre el alcance del delito de trata de personas y el perfil de sus víctimas, así como también sobre la intervención de los organismos estatales, es frecuentemente un obstáculo para el monitoreo ciudadano de las políticas públicas en la materia. Por ello, la producción de información sistemática y actualizada resulta un insumo estratégico para el desarrollo de análisis, diagnósticos, investigaciones y para el diseño de políticas públicas eficientes y eficaces.
Resulta indispensable contar con políticas públicas basadas en información confiable y pertinente que permitan erradicar ese delito, que es una de las más graves formas de violación de derechos humanos en la actualidad. Solamente por medio de la concientización y de la comunión de esfuerzos será posible poner fin a la esclavitud moderna y garantizar la restitución integral de los derechos vulnerados de las víctimas.
El Registro -que se actualizará y publicará anualmente– tendrá como fuente principal la información aportada por los diferentes organismos estatales que intervienen en la detección del delito y asistencia a sus víctimas, en el ámbito local y nacional, así como también el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y los organismos integrantes de su estructura que tienen por función la persecución penal de ese delito.
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